México
INAI plantea a Senado analizar artículo 9 de Ley de Seguridad Interior
El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, consideró importante analizar con mayor amplitud la redacción actual del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, para evitar cause confusiones en su interpretación e implicaría retrocesos en materia de transparencia y acceso a la información.
Señaló que merece un análisis de mayor amplitud y confió en que los senadores escuchen otras voces y tomen en su caso, la decisión de atender la sugerencia, y redactar de mejor manera ese texto para que no se preste a fomentar confusión.
En todo caso, dijo, deje claro que de ninguna manera la información que tenga origen en las cuestiones de la seguridad nacional o en la seguridad interior tenga la posibilidad de volverse intocable o inaccesible a cualquier ciudadano.
Ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, expresó la preocupación del INAI porque la interpretación de dicho artículo contravenga el principio de máxima publicidad.
Ello, previsto en la Constitución que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, acreditando los extremos de la prueba de daño.
Acuña Llamas precisó en un comunicado que se tienen dos preocupaciones técnicas sobre la redacción; una, que la reserva se vuelva otra vez, como era en el pasado, automática y extensiva, y que se burle o se pueda burlar el procedimiento obligado.
Planteó a los senadores el posicionamiento del Pleno sobre el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, disponible en http://inicio.inai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-411-17.pdf, y confió en que se hagan las adecuaciones para evitar regresiones en materia de transparencia.
En la reunión intervinieron la presidenta de la Jucopo, Ana Lilia Herrera Anzaldo; el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Alejandro Ramos; los senadores Cristina Díaz Salazar y Angélica de la Peña Gómez, Benjamín Robles Montoya, Roberto Gil Zuarth y Enrique Burgos García.
México
Sheinbaum solicita investigar contratos del INE por irregularidades
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó investigar las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) durante administraciones anteriores, al señalar que existen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y acusar la concentración de contratos en un grupo de empresas proveedoras de materiales y servicios electorales.
Durante su conferencia matutina del viernes 13 de noviembre, Sheinbaum afirmó que las irregularidades en las adquisiciones del INE no son exclusivas de la actual administración, encabezada por Guadalupe Taddei, sino que se remontan a varios años atrás. “Particularmente el tema del monopolio de las empresas vinculadas con las elecciones viene de hace mucho y ninguna de las administraciones hicieron nada”, expresó.
La mandataria indicó que su gobierno ha solicitado la intervención de la ASF para revisar las contrataciones y consideró que, de ser necesario, la Fiscalía General de la República (FGR) también debería participar. Esta solicitud surgió a raíz de una pregunta del periodista Máximo Allende, quien expuso presuntas irregularidades en contratos celebrados durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello al frente del INE.
Allende mencionó que en 2023 se autorizaron 11 millones 614 mil pesos para la elaboración de un informe de gestión y rendición de cuentas, a pesar de que el Órgano Interno de Control había cuestionado la pertinencia de dicho gasto. También se refirió al caso de la empresa Fluxus, que habría recibido contratos para producir materiales multimedia y periodísticos destinados al organismo electoral.
Uno de los contratos, correspondiente a 2022 y por aproximadamente 44 millones de pesos, habría registrado incumplimientos o entregas incompletas de los materiales contratados. Sin embargo, las afirmaciones del periodista no fueron acompañadas de documentación que permitiera verificar su alcance.
Sheinbaum subrayó que existen observaciones de los órganos fiscalizadores sobre contrataciones realizadas en distintos periodos y que es necesario investigar las relaciones entre funcionarios y proveedores. La presidenta utilizó el término “mafia electoral” para referirse a un presunto entramado de empresas que han concentrado servicios relacionados con la organización de elecciones.
Además, criticó las liquidaciones que recibieron algunos exintegrantes del INE al concluir sus funciones, mencionando cantidades que oscilan entre 11 y 13 millones de pesos, en particular el caso de Lorenzo Córdova, quien habría recibido aproximadamente 11 millones de pesos.
Sheinbaum consideró que la revisión de contratos anteriores debe ir acompañada de cambios en los procedimientos de adquisición para los próximos procesos electorales, sugiriendo que una mayor competencia entre proveedores podría reducir los costos de organización de los comicios de 2027.
Finalmente, la presidenta enfatizó la importancia de que los actuales consejeros electorales revisen los procedimientos de contratación y garanticen su transparencia. Las declaraciones realizadas durante la conferencia no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad administrativa o penal contra los exfuncionarios y empresas mencionados.
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