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México

Indagan a alcaldesa de la Ciudad de México por plagio y robo

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició, por primera vez, una investigación en contra de un alcalde de la Ciudad de México, luego de que dos mandos de la Policía Auxiliar, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, denunciaran a la titular de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, “por el delito de privación de la libertad, abuso de autoridad, robo y lo que resulte”.

La dependencia explicó que los uniformados fueron agredidos física y verbalmente, con palabras altisonantes, por la funcionaria y sus colaboradores, luego de las acciones que realizaron para reordenar el comercio informal en el Centro Histórico, en coordinación con autoridades del gobierno capitalino. “Se generó un diferendo en relación con la competencia en el tema de la venta en vía pública en el perímetro comprendido entre Correo Mayor y Circunvalación, para lo cual se acordó una reunión en próximos días donde se tratarían los lineamientos en el tema”, indicó la FGJ.

La noche del viernes, los mandos policiacos fueron requeridos “de manera urgente” por el director general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la alcaldía, José Francisco Delgadillo, a una reunión con Cuevas “con el argumento de dialogar y trabajar en la ampliación del servicio de vigilancia”.

Los primeros reportes indican que el director del sector 52 Orca, Eduardo Camacho García, y el director de la región 2 Pegaso, Faustino García Luna, entraron a la oficina de la alcaldesa en donde se encontraban otros siete funcionarios, “quienes de manera inmediata los rodearon para evitar que pudieran salir”.

Posteriormente, la alcaldesa “los agredió expresándoles que ella era quien pagaba y que no quería volver a verlos”, justo cuando golpeó al director del sector 52 Orca, por lo que el director de la región 2 Pegaso trató de evitar las agresiones; sin embargo, los servidores públicos, incluida Cuevas, se fueron a los golpes contra los mandos.

Los policías fueron despojados de sus teléfonos celulares y de los radios que usan para comunicación; cuando intentaron salir de la oficina, la funcionaria ordenó que se les retuviera en el salón de Cabildos, donde permanecieron más de una hora privados de la libertad, además de que fueron videograbados por varias personas con sus teléfonos celulares.

Un escolta del mando del sector 52 se percató y escribió en la palma de su mano: “R9 al jefe por R1”, es decir “detención del jefe por orden de la alcaldesa”, y se recargó en la puerta de cristal del lobby para pedir ayuda a otros efectivos de la SSC que por los gritos se acercaron a unos metros de la oficina de la alcaldesa.

Fue así que personal de la SSC acudió al sitio en auxilio de sus compañeros, por lo que la denuncia menciona que “finalmente, tras golpes y empujones, ambos mandos pudieron salir de las citadas oficinas”.

Además de Cuevas y Delgadillo, en la reunión se encontraba la directora de Mercados y Vía Pública, Jessica Hernández Ortega.

La FGJ señaló que “en la denuncia presentada ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, los uniformados señalaron que posteriormente otro servidor público que ocupa el cargo de jefe de la oficina de la alcaldesa les solicitó no denunciar los hechos, ya que eso repercutiría en contra de la titular de la demarcación”.

El conflicto empezó cuando la noche del viernes personal de Mercados Públicos y Vía Pública de la alcaldía, encabezado por Hernández Ortega, fue enviado al primer cuadro de la ciudad e ingresó por la calle Corregidora.

“En estos momentos mi equipo de la Dirección General de Gobierno se encuentra en la colonia Centro, buscando mesas de trabajo contigo para controlar el comercio en vía pública. Te pido no te opongas y no amenaces a mi personal con la fuerza pública”, difundió la alcaldesa en un mensaje en sus redes sociales dirigido a la subsecretaria de Programas de Alcaldías del gobierno central, Dunia Ludlow, junto con un video en el que se aprecia a los uniformados sin intervenir.

México

Controversia en torno a Andy López Beltrán y acusaciones de corrupción

Acusaciones contra Rocha y funcionarios de Sinaloa en Nueva York

El 4 de noviembre de 2026, Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se vio envuelto en una nueva controversia tras la difusión de un video en el que intenta responder a las acusaciones en su contra. En este mensaje, López Beltrán se escuda en su padre y utiliza frases comunes, pero omite abordar los hechos y la realidad que lo rodean. A pesar de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le otorgó un horario libre en su agenda, el video fue percibido como una manifestación de temor ante las implicaciones legales que enfrenta, así como un intento de distanciarse de sus socios y buscar protección en lugar de ofrecer respuestas claras.

Una hora antes de la transmisión del video, el noticiario de Manuel López San Martín reveló un audio que, en otras circunstancias, podría haber llevado a la Fiscalía General de la República (FGR) a interrogar a López Beltrán. En este audio se presenta un testimonio del 21 de agosto, relacionado con el proceso judicial contra los hermanos Farías Laguna, donde el ministerio público Adín Jacobo Castellanos expone como prueba el testimonio de un testigo protegido de la FGR, identificado como JCSP. Este testigo afirma que la autorización para desembarcar combustible ilegal en el puerto de Guaymas provenía de Andy López.

A pesar de la gravedad de estas afirmaciones, la FGR ha declarado que la referencia en la carpeta de investigación es insuficiente para proceder con un interrogatorio a López Beltrán. Sin embargo, este testimonio no es el único en su contra; también se encuentran las declaraciones de los hermanos Farías, así como investigaciones periodísticas que vinculan a López Beltrán con redes de corrupción en Tabasco. Además, existen múltiples denuncias sobre su relación con Jorge Amilcar Olán, a quien Andy intenta desconocer, a pesar de que hay pruebas documentales y audios que evidencian negocios ilegales entre Olán y él, así como con su hermano Gonzalo.

La situación de Andy López Beltrán continúa generando controversia y cuestionamientos sobre la impunidad y la corrupción en el entorno político mexicano.

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