Nota Principal
Indagan a Borge por compra de cuatro ferrys
Mediante una de sus empresas fantasma, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, presuntamente adquirió cuatro ferrys tipo catamarán valuados en cuatro millones 900 mil dólares americanos, que equivalen a casi 95 millones de pesos.
De acuerdo a indagatorias realizadas por la Procuraduría General de la República y presentadas formalmente ante el juez Artemio Zúñiga, el exmandatario lavó dinero en la empresa Barcos del Caribe a través de la adquisición de las embarcaciones.
La compañía naviera fue operada por María de Lourdes Pinelo Nieto y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, supuestos prestanombres de Borge Angulo, quienes de la noche a la mañana se convirtieron en prósperos empresarios en el ramo del transporte marítimo de pasajeros.
Tanto Pinelo Nieto como González Hermosillo son señaladas como personas muy cercanas a Roberto Borge Martín, papá del exgobernador y presunto copartícipe en la red de lavado de dinero supuestamente conformada por su hijo.
Según las investigaciones de los fiscales que llevan el caso Borge, la empresa Barcos del Caribe, constituida formalmente en junio de 2012, adquirió el 23 de julio de 2013 dichos ferrys, con los cuales se buscó poner en marcha diversas operaciones irregulares.
Si bien la compañía contaba con un registro en papel, al momento en que las autoridades acudieron al domicilio en que supuestamente se ubicaba, ésta no fue hallada pues el lugar es ocupado por otro giro comercial diferente al marítimo.
De esta forma, la compra de las embarcaciones, así como la adquisición de predios a precios ínfimos para personas cercanas a Borge Angulo, forman parte de los 86 datos de prueba presentados por la PGR al Poder Judicial de la Federación para vincular a proceso al exgobernador por lavado de dinero.
Los fiscales que llevan el caso por dicho delito federal buscarán demostrar a plenitud en julio el uso de las empresas fachada, cuya existencia únicamente estaba registrada en papel, para lavar dinero y causar daño al erario.
Según la PGR, el acusado usó una red de allegados, entre ellos su mamá, Rosa Yolanda Angulo Castilla, y su papá, Roberto Borge Martín, para lavar dinero mediante la compra de 22 predios a precios por debajo de su valor real. Con estas acciones, causó un daño al erario por 900 millones 99 mil 418 pesos.
Excelsior
Chihuahua
Corrupción evidente: El proyecto de Andrea Chávez por la candidatura caería por su hermano
El proyecto de Andrea Chávez para buscar la gubernatura de Chihuahua en 2027 enfrenta uno de sus momentos más delicados. A los cuestionamientos que ya perseguían a su grupo político por la cercanía de la senadora con Adán Augusto López Hernández y el escándalo de La Barredora, ahora se suma un problema dentro de su propia familia: Gregorio Chávez Treviño, hermano de la legisladora, quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades millonarias durante su gestión en Liconsa.
Las observaciones provienen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e incluyen pagos registrados a nombre de proveedores fallecidos, recursos entregados a productores que presuntamente no reunían los requisitos establecidos y operaciones relacionadas con leche cuya recolección y traslado no pudieron acreditarse.
La Cuenta Pública 2023 detectó alrededor de 45 millones de pesos pendientes de aclarar en operaciones de Liconsa y derivó en acciones encaminadas a determinar posibles responsabilidades administrativas. Gregorio Chávez era entonces gerente estatal del organismo en Chihuahua.
El escándalo amenaza con convertirse en algo mucho mayor que un problema administrativo para su hermano: ocurre cuando Andrea Chávez intenta consolidar su candidatura y cuando su principal grupo de respaldo político ya enfrenta un fuerte desgaste.
Pagos a proveedores que ya habían muerto
Entre las anomalías detectadas aparece una especialmente grave.
En operaciones relacionadas con el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023 fueron identificados pagos superiores al millón de pesos a nombre de dos proveedores que habían fallecido.
Uno murió el 5 de febrero de 2023 y el otro el 4 de marzo. Pese a ello, posteriormente continuaron registrándose pagos relacionados con el contrato.
La ASF detectó las inconsistencias mediante el cruce de los datos de los proveedores con registros oficiales de defunciones.
A ello se agregan otros señalamientos.
La fiscalización encontró recursos entregados a productores que presuntamente no cumplían las condiciones necesarias para acceder al precio de garantía y operaciones en las que no pudo acreditarse adecuadamente la recolección y traslado de la leche.
Las observaciones conocidas no constituyen por sí mismas una sentencia contra Gregorio Chávez. Corresponde a las autoridades determinar responsabilidades y a los involucrados solventar las observaciones.
Sin embargo, políticamente el daño ya comenzó.
Morena pide investigar al hermano de Andrea
El caso consiguió algo poco habitual en la polarizada política chihuahuense: legisladores de Morena y PAN coincidieron públicamente en que Gregorio Chávez debe ser investigado.
Desde Morena se ha sostenido que el partido no debe proteger a nadie en caso de comprobarse irregularidades, mientras desde la oposición comenzaron a exigir investigaciones y responsabilidades por el manejo de los recursos públicos.
El problema para Andrea Chávez es evidente.
Su hermano no ocupaba un puesto menor. Fue nombrado delegado estatal de Liconsa en noviembre de 2022 y, de acuerdo con su declaración patrimonial difundida públicamente, reportó ingresos netos anuales por más de 839 mil pesos provenientes de ese cargo.
Ahora su gestión aparece directamente alcanzada por una fiscalización que incluye millones de pesos sin aclarar y procedimientos para determinar eventuales responsabilidades.
Y todo ocurre mientras su hermana pretende convencer a Morena de entregarle la candidatura para administrar Chihuahua.
De Adán Augusto a La Barredora
El nuevo escándalo tampoco llega a un proyecto político intacto.
Andrea Chávez ha mantenido una estrecha relación política con Adán Augusto López Hernández, quien durante años fue uno de sus principales impulsores nacionales. Esa cercanía se convirtió en un problema después de que el nombre del tabasqueño quedara políticamente atrapado en el caso de Hernán Bermúdez Requena.
Bermúdez fue secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto y posteriormente fue acusado de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, además de ser señalado como presunto líder de La Barredora.
El impacto sobre el proyecto chihuahuense no es nuevo: desde antes se advertía que los problemas políticos de Adán Augusto podían terminar perjudicando las aspiraciones de Andrea Chávez debido a la cercanía entre ambos y al respaldo que el tabasqueño brindó a su eventual candidatura.
Ahora el golpe ya no procede únicamente de su principal aliado político. Procede de su propia familia.
Hasta el momento no existe evidencia pública que vincule a Andrea Chávez o a Gregorio Chávez con La Barredora, ni que relacione las operaciones observadas en Liconsa con esa organización.
Lo documentado es otra cosa: Andrea Chávez ha formado parte del grupo político cercano a Adán Augusto; durante el gobierno del tabasqueño, Hernán Bermúdez ocupó la Secretaría de Seguridad y posteriormente fue acusado de encabezar La Barredora; y ahora el hermano de la aspirante enfrenta sus propios cuestionamientos por el manejo de recursos públicos en Liconsa.
El apellido se convierte en problema electoral
Para Andrea Chávez, la controversia llega en un momento especialmente delicado.
Su proyecto depende primero de convencer a Morena de que puede competir por Chihuahua en 2027 y, posteriormente, de convencer a los electores de entregarle el gobierno estatal.
Las observaciones contra su hermano ofrecen nuevos argumentos a quienes, dentro y fuera de Morena, cuestionan ese proyecto.
El caso coloca frente a Chávez una contradicción política difícil de administrar: mientras Morena ha convertido el combate a la corrupción y los privilegios familiares en una de sus principales banderas, el hermano de una de sus aspirantes a gobernadora aparece ahora relacionado con operaciones observadas por el máximo órgano fiscalizador del país.
La investigación deberá determinar si Gregorio Chávez cometió alguna irregularidad y cuál fue su responsabilidad.
Andrea Chávez no puede ser responsabilizada jurídicamente por los actos de su hermano sin pruebas de su participación.
Pero una candidatura no se decide únicamente en tribunales.
También se construye alrededor de confianza, percepción pública, alianzas y costo político.
Y después del desgaste provocado por su cercanía con Adán Augusto y la sombra política del caso La Barredora, las irregularidades detectadas durante la gestión de Gregorio Chávez abren un nuevo frente justamente donde Andrea Chávez tenía menos margen para recibir otro golpe: dentro de su propia familia y rumbo a la batalla por 2027.
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