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Industria turística pide más recursos para promoción en 2027

La industria turística de México ha solicitado a la Cámara de Diputados un aumento en los recursos destinados a la promoción del sector, argumentando que la reasignación de 20 millones de pesos es insuficiente. Organizaciones y empresas del sector sostienen que este monto no refleja la importancia económica, social, laboral y territorial de una actividad que el Estado considera estratégica.

En un comunicado, las organizaciones detallaron que la reasignación de 20 millones de pesos al programa F025, Fomento y Promoción de Destinos Turísticos, que depende de la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Turismo, representa apenas el 0.4% de los 5,000 millones de pesos que habían propuesto en octubre organismos, cámaras y asociaciones.

Recordaron que el mes pasado presentaron una propuesta para destinar esta cantidad en el Presupuesto de Egresos 2027, con recursos provenientes de los ingresos generados por los turistas extranjeros al ingresar al país, a través del cobro del Derecho de Visitante No Residente.

Las organizaciones, entre las que se encuentran la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes y la Confederación Patronal de la República Mexicana, afirmaron que “la promoción turística no es un gasto accesorio, sino una inversión con alta rentabilidad social”.

El sector también solicitó a los diputados revisar y aumentar significativamente los recursos del programa F025 antes de la aprobación definitiva del Presupuesto de Egresos 2027, tomando como referencia la propuesta de 5,000 millones de pesos para campañas de promoción turística tanto nacional como internacional.

Asimismo, pidieron que se solicite a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Turismo una valoración pública y fundamentada de la propuesta presentada en octubre, que incluya un desglose de costos, fuentes de financiamiento y viabilidad normativa, así como un análisis sobre el Derecho de No Residente.

“Solicitamos a las diputadas y los diputados que, al autorizar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, reconsideren esta asignación y proporcionen una respuesta pública, razonada y verificable a la propuesta formulada por el sector privado en octubre pasado”, concluyeron las organizaciones.

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Delincuencia costó 115,100 mdp a empresas en México durante 2025

El costo total de la inseguridad y el delito para las empresas en México durante el año 2025 alcanzó un monto estimado de 115,100 millones de pesos, lo que representa el 0.46% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este monto es inferior a los 124,300 millones de pesos reportados en 2023, aunque el cambio no es estadísticamente significativo según el Inegi.

Las medidas preventivas adoptadas por los negocios, tales como la instalación de cámaras de seguridad, cerraduras y la contratación de seguridad privada, constituyeron el 51.2% del costo total, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026. El costo promedio del delito por negocio, considerando tanto el gasto en medidas de protección como las pérdidas ocasionadas por delitos, se estimó en 44,560 pesos.

El sector industrial y las empresas de mayor tamaño fueron las que incurrieron en los gastos más elevados relacionados con la delincuencia. Durante 2025, se registró que el 91.8% de los delitos no fueron denunciados o no se abrió una carpeta de investigación, lo que equivale a aproximadamente 2.8 millones de delitos de un total de 3 millones ocurridos. Aunque este porcentaje es inferior al 90.3% reportado en 2023, el Inegi aclara que tampoco se trata de un cambio estadísticamente significativo.

Entre las razones más comunes por las cuales los establecimientos optaron por no denunciar los delitos ante las autoridades, se destacan factores atribuibles a la autoridad, que representaron el 58.9% de los casos. Estas razones incluyen el miedo a la extorsión, la percepción de que el proceso es una pérdida de tiempo, la dificultad de los trámites, la desconfianza hacia las autoridades y malas experiencias previas. Además, el 35.3% de los encuestados mencionó la pérdida de tiempo como una razón para no denunciar, mientras que un 40.3% citó otras causas, como el miedo al agresor, la consideración de que el delito era de poca importancia o la falta de pruebas.