México
Infidelidad sexual no amerita condena por daño moral: Corte
A propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo directo en revisión 183/2017, que establece que la infidelidad sexual en el matrimonio, por sí misma, no puede ser considerada un hecho ilícito para efecto de sustentar una condena por daño moral.
Sostuvo que la fidelidad en el matrimonio es una cuestión de carácter personalísimo en la que tiene cabida la autonomía de la voluntad de los cónyuges y cuya observancia no puede ser exigida coactivamente; por ende, el control estatal necesariamente se ve limitado en cuanto a la imposición de consecuencias jurídicas distintas a la disolución del vínculo matrimonial.
La Sala resulta relevante tener en cuenta que el deber conyugal referido está sustentado en el vínculo sentimental y afectivo que se presupone entre los consortes, aspecto de la vida conyugal que se circunscribe a la intimidad de la pareja, de manera que los acuerdos conforme a los cuales deciden vivir la vida en común atañen a ambos y preponderantemente son inherentes a ese ámbito.
En ese sentido, la conducta de infidelidad sexual en el matrimonio trae aparejada la asunción de la consecuencia jurídica de la eventual disolución del vínculo, pero no es susceptible de un reproche bajo las reglas de la responsabilidad civil para dar lugar a una condena económica por el posible daño a los sentimientos y afectos del cónyuge ofendido.
Notimex
México
Gobierno de México reporta avance del 67% en Plan Michoacán
El Gobierno de México ha informado que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ha alcanzado un avance del 67 por ciento a un año de su implementación. Este programa, que incluye más de 2 mil 500 obras y acciones programadas, ha visto la conclusión de mil 680 de estas iniciativas, además de un ejercicio presupuestal que equivale al 61 por ciento de los recursos destinados para el periodo 2025-2030.
Durante la conferencia matutina del 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un balance de los 12 ejes que componen esta estrategia federal, la cual busca atender diversas necesidades en Michoacán a través de intervenciones en seguridad, educación y desarrollo social.
La inversión total proyectada para el programa es de 118 mil millones de pesos, de los cuales se han ejercido aproximadamente 72 mil millones. Sheinbaum destacó que los resultados obtenidos son parte de un esfuerzo continuo que requiere la coordinación entre las instituciones gubernamentales y los diferentes sectores de la sociedad michoacana. “Hemos avanzado, por supuesto que tenemos que seguir trabajando”, afirmó.
En el ámbito de la seguridad, la mandataria aseguró que se han registrado disminuciones en delitos de alto impacto y que se mantienen mecanismos de comunicación y colaboración con representantes de diversos sectores sociales en el estado.
Asimismo, la evaluación del programa incluye indicadores relacionados con la educación, como el número de estudiantes inscritos en las escuelas y la continuidad de los jóvenes en los distintos niveles educativos. Se ha puesto especial énfasis en el seguimiento de los jóvenes que transitan de secundaria a preparatoria y de educación media superior a universidad, apoyados por programas de becas del Gobierno federal.
Sheinbaum enfatizó la importancia de mantener la presencia institucional en Michoacán a través de acciones cotidianas y una comunicación constante con la población, para conocer los resultados de las intervenciones y detectar necesidades pendientes. “Lo importante es que las y los michoacanos sepan que el Gobierno de México está presente en todos los municipios de Michoacán”, concluyó.
El balance presentado corresponde al primer año de ejecución del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que se extenderá hasta 2030, y contempla la continuidad de las obras y acciones correspondientes a sus 12 ejes de intervención. Aunque se dieron a conocer los porcentajes generales de avance físico y financiero, no se especificaron cifras concretas sobre la reducción de delitos ni los resultados desagregados de los indicadores educativos mencionados.
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