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Ingrid Coronado a punto de pisar la prisión

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El 14 de abril, Ingrid Coronado debía otorgar en un juzgado la declaración de ingresos que percibe en TV Azteca, orden dada por una juez quien lleva su caso y el de su aún esposo, Fernando del Solar.

La conductora fue multada por segunda ocasión con 15 mil pesos por desacato a la autoridad, razón por la que lo abogados de Fernando han denunciado a Coronado por rebeldía, e incluso le piden a la jueza que sea más severa con ella.

La titular de Venga la Alegría a petición de la jueza, tiene que reportar el nombre de la empresa para la que labora y el monto de sus honorarios, pues de la totalidad que gana en TV Azteca, Ingrid debería de darle el 20% a su expareja, algo que ella ha estado peleando y asegurando que el argentino tiene rentas con las que se puede mantener a pesar de no estar trabajando.

De no acudir y presentarse con la información requerida, la conductora estaría siendo arrestada por la fuerza pública y puesta en un centro de retención por una falta administrativa en un periodo máximo a 36 horas.

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SocialMediaCUU explica porqué las redes sociales son trascendentales en las elecciones

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Los datos que proporciona el INE respecto de la lista nominal, es decir, la lista de personas que ya tienen credencial para votar, muestra un porcentaje muy amplio de gente joven que votará por primera vez. Entre sus principales características está el hecho de que utilizan principalmente medios digitales para informarse y, por su número, representan un valioso mercado para todos los partidos políticos.


 

En la lista nominal se cuentan poco más de 98 millones de personas, al corte de febrero de 2024. Así, en el país existen poco más de 15 millones de personas inscritas entre los 18 y 24 años; es decir, primovotantes, lo que representa el 15% del total.

Si sumamos a la población millennial y centennial, es decir, todas las personas de 18 a 39 años inscritas, tenemos a casi 47 millones, que representan al 48%, es decir, prácticamente la mitad del universo de votantes.

Las cifras son claras: 15 millones de personas que no han participado jamás en un proceso electoral presidencial (y posiblemente en ningún otro) y que, estadística e históricamente, no tienen una preferencia política definida, pueden inclinar la balanza a favor de cualquier candidata o candidato; y casi la mitad de la lista nominal utiliza Internet y medios digitales para enterarse de las propuestas de las y los actores políticos.

De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad Y Uso De Tecnologías De La Información En Los Hogares (ENDUTIH), en el país existen 93 millones de internautas, siendo la franja de edad de los 18 a los 34 años, la que más se conecta a la red. Por otro lado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) muestra que las audiencias de radio han bajado a un 8.9% del universo de personas que pueden recibir una señal y las de televisión, a 14.1%. Para radio, las audiencias principales se encuentran en el rango de edad de 35 a 44 años, y las de TV se sitúan en 45 años o más.

Y es en este sentido en donde se plantea la problemática de las leyes electorales, ya que se tienen medios tradicionales como la televisión, la prensa impresa y la radio sobrerregulados, que incluso llevaron al INE a convertirse en una especie de central de medios gracias a la excesiva espotización; no obstante, los medios digitales, los más consultados por un enorme segmento de la población, no fueron tomados en cuenta en las normativas actuales.

Las plataformas digitales se convierten en una especie de tierra sin ley que permite a partidos y actores políticos realizar prácticas no éticas sin temor a sanción alguna ya que no solo no se contemplan acciones de comunicación política digital o fiscalización adecuada, además las normativas vigentes solo son aplicables a autoridades, actores y partidos políticos, no obstante, cualquier persona puede hacer una campaña electoral utilizando redes sociales y plataformas digitales.

De ahí la necesidad de crear marcos legales que permitan que las y los ciudadanos puedan elegir de manera libre, autónoma y sin cohesión a sus gobernantes, ya que tal y como se encuentra el panorama normativo electoral, la posibilidad de crear estrategias al marco de la ley para favorecer o entorpecer las campañas es muy alta, frente a un riesgo prácticamente nulo.

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