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Inicia promoción de 467 proyectos del Presupuesto Participativo 2027

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, ha dado inicio a la promoción de 467 proyectos aprobados del Presupuesto Participativo 2027. Esta iniciativa busca que los ciudadanos conozcan las propuestas de su distrito antes de la consulta programada para los días 28 y 29 de noviembre, que se llevará a cabo de 9:00 a 19:00 horas en 62 centros de votación, de los cuales ocho serán de modalidad múltiple.

La coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras, destacó que durante esta etapa, las personas promotoras de los proyectos tendrán la oportunidad de presentar sus iniciativas a la ciudadanía para obtener su apoyo en la consulta. Los proyectos abarcan diversas áreas, incluyendo obras y servicios públicos, seguridad, educación, deporte, recuperación de espacios públicos e infraestructura urbana.

Los centros de votación estarán distribuidos en los distritos 12, 15, 16, 17 y 18, y los ciudadanos podrán consultar las ubicaciones específicas en la página oficial del Gobierno Municipal y en las redes sociales de la Coordinación de Participación Ciudadana. Además, se ha habilitado la aplicación gratuita “Presupuesto Participativo Chihuahua”, disponible en Google Play y App Store, donde los usuarios podrán consultar los proyectos de su distrito, conocer sus ubicaciones y dar seguimiento a las obras de ediciones anteriores.

Para incentivar la participación de niñas, niños y adolescentes, el Municipio implementará una campaña especial que incluirá filas preferentes, descuentos en lugares para menores y un centro de votación denominado Colibrí, diseñado para que los más jóvenes puedan participar en este ejercicio ciudadano.

Asimismo, el Gobierno Municipal ha contemplado la participación de Observadores Ciudadanos, quienes tendrán la responsabilidad de supervisar la instalación, desarrollo y cierre de los centros de votación durante la consulta, asegurando así la transparencia y correcta ejecución del proceso.

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Fortalece Estado coordinación para atender desplazamiento forzado interno en Chihuahua

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría General de Gobierno, llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno en el Palacio de Gobierno. Este encuentro fue presidido por la subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, quien representó al secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda.

Durante la sesión, José Antonio Mendoza, enlace de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Chihuahua, presentó los avances realizados para impulsar soluciones que beneficien a las personas en situación de desplazamiento forzado interno. Se destacó la importancia de desarrollar rutas que faciliten el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes, así como la incorporación laboral de las personas desplazadas, mediante la colaboración entre instancias estatales y organismos internacionales.

La participación activa de asociaciones civiles y diversos sectores resalta la relevancia del trabajo en equipo y la coordinación entre instituciones públicas y privadas, así como organismos internacionales, para establecer una respuesta conjunta que priorice la dignidad humana y la protección de los derechos humanos de quienes enfrentan esta problemática.

En el marco de la sesión, Pablo Cabada y Daniel Márquez, representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), presentaron un estudio exploratorio sobre la capacidad institucional para responder al desplazamiento interno en México. Este análisis incluye hallazgos de varios estados, entre ellos Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Baja California y la Ciudad de México.

El estudio reconoce los avances en la coordinación entre dependencias estatales en Chihuahua para atender el fenómeno del desplazamiento forzado. Asimismo, se destaca la creación de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, la tipificación de esta situación como delito en el Código Penal del Estado y la implementación del Protocolo de Atención Emergente. Estos instrumentos fortalecen la articulación institucional y garantizan una atención oportuna a las personas afectadas por esta situación.