“Para resolver un problema hay que identificarlo, no sirve negar una realidad que existe en todo el país y donde el Poder Judicial no está exento; romper el silencio es el primer paso, las jerarquías nunca serán pretexto para pasar por alto el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, el reto es deconstruir la cultura patriarcal que cobija a los agresores”, expresó Luz Estela Castro Rodríguez, Consejera de la Judicatura, en el arranque de la campaña “Prevención y Atención al Hostigamiento Laboral y Sexual” que emprendió el Poder Judicial del Estado.

El inicio de la campaña se enmarca en la conmemoración del Día Internacional para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. El Consejo de la Judicatura emitió y publicó en junio pasado las Bases para Investigar y Sancionar la Violencia Laboral, el Hostigamiento y el Acoso Sexual.

Con el fin de dar a conocer esas Bases y sensibilizar al personal del Poder Judicial, la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos diseñó una campaña de difusión y capacitación que llegará a los 14 Distritos Judiciales de la entidad.

La campaña arrancó el lunes pasado en Chihuahua capital y el martes en Ciudad Juárez. La encabezó el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Poder Judicial, quien coincidió con la consejera Castro Rodríguez en la conveniencia de deconstruir la ancestral cultura machista para lograr una convivencia sana entre los hombres y las mujeres que laboran en el Poder Judicial.

La consejera Castro Rodríguez recordó que la reforma constitucional del 2011 marca un antes y un después en materia de derechos humanos, y supone un cambio de paradigma, una mirada distinta, incluso en las relaciones de poder en el ámbito laboral.

Con este horizonte, puntualizó la consejera, era necesario que el Poder Judicial contara con un marco normativo adecuado para atender los casos de violencia laboral y sexual, en tanto que estas conductas implican una violación de derechos humanos.

Esta decisión está avalada por un marco legal muy amplio, indicó y enumeró algunas leyes: La Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención Belén Do Pará, la Recomendación número 19 del Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer y la Sentencia del Campo Algodonero, instrumentos jurídicos que obligan a actuar con la debida diligencia, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.