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Chihuahua

Instala Corral el Consejo de Mejora Regulatoria

El gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, instaló el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, cuyo propósito es agilizar y facilitar la apertura de empresas en la entidad.
El mandatario estatal explicó que la mejora regulatoria no significa eliminar regulaciones, sino cambiar el modelo de intención que coloque al ciudadano como elemento esencial de la política y como su destinatario final, se trata de que la atención se enfoque en entender el emprendedurismo ciudadano.
Javier Corral detalló que existe una sobrerregulación que se multiplica por dependencias y niveles de gobierno, porque los trámites estaban planeados para el control político, de ahí la discrecionalidad y la multiplicidad de trámites similares entre niveles de los distintos gobiernos, que tiene que ver con el ascenso de la burocracia sobre el interés general de la población.
Enfatizó que tres de los grandes compromisos que su gobierno hizo con la gente son: la austeridad, utilización honesta y racional de los recursos; la transparencia y llevarla a la práctica hasta sus últimas consecuencias; y el tercer compromiso es la mejora regulatoria.
La creación de este consejo tiene gran relevancia, porque será el espacio para que la administración estatal mejore sus trámites a favor de los ciudadanos, aplicando criterios de transparencia, eficiencia y eficacia gubernamental, competitividad y modernización.
Dentro de los beneficios sociales, se encuentra la disminución del margen de discrecionalidad de la autoridad pública, la promoción de la transparencia y la idea de gobiernos modernos y cercanos a la gente, además de que facilita la gobernabilidad y fomenta el comercio tanto nacional como internacional.

Excelsior

Chihuahua

Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua

Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.

El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.

En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.

¿De qué se acusa a César Jáuregui?

Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.

El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.

Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.

¿Cómo se autorizó la orden de captura?

El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.

Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.

La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.

Lo que todavía falta por esclarecer

Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.

Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.

La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.

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