Chihuahua
Instalan la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Chihuahua
La Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, instalaron la Unidad de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con la que se garantizará la defensa de integrantes de los distintos actores sociales de la entidad.
La instancia estará a cargo del abogado Eduardo Ramos Arenas y está integrada además por funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada y la Secretaría de Desarrollo Municipal.
Entre las atribuciones que tendrá, se encuentran el monitoreo de riesgo y agresiones, la recepción de casos y reacción rápida, así como la implementación y seguimiento a las medidas, además de fortalecer la coordinación con autoridades municipales y ante el Mecanismo Federal.
Durante la reunión, los asistentes acordaron buscar mayor acercamiento con los ayuntamientos para la coordinación e instrumentación de medidas y supervisión de medidas de protección y prevención, evaluación de riesgos, registro, vigilancia, planes de protección y reacción inmediata, así como notificar al Mecanismo Federal la incorporación de personas.
El fiscal general del Estado César Augusto Peniche Espejel, afirmó que la instalación de esta Unidad, permitirá brindar las medidas de protección necesarias y suficientes ante una evaluación integral del riesgo, que atienda vulnerabilidades y necesidades particulares del caso.
“La atención que se brindará pretende comprender desde el enfoque psicosocial, que permite entender el contexto de la persona beneficiaria para ofrecer respuestas institucionales, promover su bienestar médico, psicológico, económico y social, generando un escenario de confianza y comunicación, ante la implementación de medidas urgentes de protección adecuadas, oportunas y eficaces”, explicó.
Agradeció la participación y compromiso de los funcionarios presentes, para que el mecanismo se robustezca y garantice la protección de los defensores de derechos humanos y los periodistas.
Por su parte el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, enfatizó que es necesario fomentar los recursos y los beneficios para quien le corresponde por ley, además del trabajo conjunto con las instancias federales con quienes se comparten obligaciones y se brinde real protección a personas en situación de vulnerabilidad.
Chihuahua
Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos
El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.
Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.
Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.
El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.
De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.
La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.
El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.
Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.
Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.
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