México
Investigadores mexicanos crean Índice Global de Impunidad 2015
MÉXICO, D.F.- La seguridad, el sistema de justicia y el nivel de respeto a los derechos humanos, tales como los desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y el número de personas torturadas o encarceladas —incluso por razones políticas— son indicadores claves para medir la impunidad en un País. Bajo este enfoque un grupo de investigadores mexicanos se dio a la tarea de estudiar el fenómeno en el mundo.
El rector de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez Bautista, y Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Puebla, presentarán este domingo el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, una investigación basada en datos oficiales y no en percepción.
Todo este proceso está vinculado a la disponibilidad de recursos físicos y humanos en los sistemas de seguridad y justicia, puesto que ante la falta de éstos la probabilidad de que exista mayor impunidad incrementa.
El IGI 2015 está basado en una serie de indicadores que permiten medir y comparar el grado de impunidad que permea en dichas naciones, pero además deja abierta la oportunidad para futuras actualizaciones y la elaboración de propuestas concretas de política pública.
El IGI indica que el pilar básico para la construcción de la democracia es la administración de la justicia.
El caso de México
Falta atender impunidad en el País. En el caso de México se menciona que a pesar de suscribir leyes y cláusulas contra la corrupción, no se han logrado implementar las políticas para su erradicación. Esto es, que si se combatiera el problema de la impunidad, se podría reducir la corrupción en sus diferentes niveles de Gobierno.
Señala que uno de los temas indispensables al hablar de impunidad es el respeto a los derechos humanos, “ya que es el propio Estado el que viola las normas y generalmente estas acciones quedan sin sanción”.
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
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