La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado serias irregularidades en las nóminas de diversas entidades del país, incluyendo pagos a personas fallecidas y a individuos que ya se habían dado de baja. Estas observaciones forman parte de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025, presentada ante la Cámara de Diputados el 13 de noviembre de 2026.

Entre los estados auditados se encuentran Sinaloa, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Nuevo León, Aguascalientes y Baja California, donde se identificaron inconsistencias en la documentación comprobatoria, las nóminas, las contrataciones y los sistemas de control interno.

Un caso emblemático es el de Colima, donde se encontraron personas fallecidas que continúan cobrando en la nómina, así como trabajadores que ocupan múltiples plazas en centros de trabajo incompatibles geográficamente. También se detectaron servidores públicos que simultáneamente ocupaban cargos de elección popular o sindicales, y maestros que no cumplen con el perfil requerido. En el ámbito de la salud, se observó que el gobierno de Indira Vizcaíno decidió devolver recursos en lugar de invertirlos.

Particularmente en la nómina educativa, la ASF calificó la situación como “delicada”, con más de 25 millones de pesos aún por aclarar. En Sinaloa, se reportaron pagos a personas fallecidas, a quienes se les había dado de baja o que estaban con licencia sin goce de sueldo. Como resultado de estas irregularidades, el gobierno estatal reembolsó 8 millones de pesos a la Tesorería de la Federación antes de la segunda entrega de la cuenta pública.

Además, se identificaron cuentas bancarias adicionales que manejaban recursos de un fondo de educación tecnológica para adultos, con depósitos provenientes de otras fuentes, reintegros extemporáneos y falta de documentación en las contrataciones. En total, se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa y se reintegraron 4.5 millones de pesos.

Por último, se destacó que en 2025, los 20 municipios no recibieron los rendimientos financieros de los recursos retenidos del fondo de aportaciones federales para infraestructura, lo que agrava aún más la situación de los recursos públicos en el país.