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Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, condenado a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado

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Brasilia.- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue declarado culpable de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2022 mediante un plan que, de acuerdo con la Fiscalía, incluía incluso el asesinato del entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva.

En un fallo histórico, cuatro de los cinco jueces de una sala del Supremo Tribunal Federal votaron por condenar a Bolsonaro en los cinco cargos que enfrentaba, imponiéndole una sentencia de 27 años y tres meses de cárcel. Entre los delitos acreditados están conspiración para un golpe de Estado, integración en una organización criminal armada, intento de abolir el orden democrático por la fuerza, actos violentos contra instituciones y daños a edificios públicos durante el asalto del 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores irrumpieron en las sedes de los tres poderes en Brasilia.

La acusación señaló que el complot comenzó en 2021 con ataques sistemáticos contra el sistema electoral y, tras la derrota de Bolsonaro en 2022, buscó movilizar a sus simpatizantes, presionar al ejército para intervenir e instalar una oficina paralela de “gestión de crisis” para mantenerse en el poder. El ministro Alexandre de Moraes, quien presidió el juicio, aseguró que el exmandatario cometió todos los delitos señalados por la Fiscalía.

El veredicto deja al exgobernante, de 70 años, con la perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión e inhabilitado políticamente por ocho años, según CNN Brasil. Aún puede interponer apelaciones, pero una vez agotadas, la condena quedará firme.

La decisión ha polarizado aún más al país. El pasado fin de semana, miles de simpatizantes salieron a las calles durante las celebraciones de la Independencia para protestar contra el proceso judicial. Su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, acusó a Moraes de actuar como “dictador” y denunció la sentencia como una persecución política.

El caso ha escalado a nivel internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cercano a Bolsonaro, reaccionó con sorpresa y calificó el proceso como una “cacería de brujas”. Su gobierno ya había impuesto un arancel del 50% a Brasil y sanciones contra Moraes y otros jueces por supuestas “violaciones a los derechos humanos”. El secretario de Estado, Marco Rubio, también tachó el fallo de “injusto”. Brasil respondió que no aceptará presiones ni intromisiones extranjeras.

El único juez que votó a favor de la absolución fue Luiz Fux, quien argumentó que no se configuró un golpe de Estado porque Lula nunca fue derrocado y que el Supremo no tenía competencia para revisar el caso.

Bolsonaro se suma así a una larga lista de expresidentes latinoamericanos condenados en los últimos años, entre ellos Álvaro Uribe en Colombia, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y el propio Lula da Silva, cuya condena fue anulada en 2021.

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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