El gobernador Javier Corral Jurado llamó a los senadores a ser leales a sus deberes constitucionales y salvaguardar el pacto federal, para no avalar la ley de Seguridad Interior.

En su cuenta de Twitter, Corral escribió: “Espero que el @senadomexicano, en lealtad a sus deberes constitucionales y de salvaguarda del Pacto Federal, revise con gran responsabilidad la minuta de #LeydeSeguridadInterior y corrija lo necesario. Aprobarla en sus términos sería un retroceso en Derechos Humanos y Democracia”.

El movimiento Alianza Ciudadana, que impulsó y apoya al gobierno del panista en Chihuahua, advirtió sobre los riesgos que hay con la aprobación de la ley y se sumó a las voces de otras organizaciones en el país.

Llamaron a los senadores a convocar a una discusión amplia y abierta, con la participación de organizaciones civiles y titulares de los derechos humanos para analizar el papel de las fuerzas armadas en materia de seguridad interior, con el fin de apegarse a las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 21 y 86, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“El día 30 de noviembre del presente año en un hecho por demás ominoso, desoyendo los pronunciamientos de organizaciones de la sociedad civil y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Cámara de Diputados federal aprobó el dictamen sobre la Ley de Seguridad Interior en virtud de la cual se avala la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad”, señala Alianza Ciudadana en un comunicado.

Los activistas de diversas organizaciones derechohumanistas agrupados en Alianza Ciudadana, advierten sobre las amenazas para el ejercicio pleno de los derechos humanos, cuyo respeto constituye un eje transversal en el sustento de las políticas públicas y acciones del poder público:

– Da a las Fuerzas Armadas facultades de policía como permitirles acciones “preventivas” a su criterio.

– No genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos, solo menciona “que se respetarán”.

– Permite a las fuerzas federales -incluyendo a las militares- intervenir contra protestas sociales si se consideran que no son pacíficas.

– Mala regulación del uso de la fuerza: se remite a protocolos deficientes y no supervisados.

– Ataca la transparencia al determinar que toda la información sobre medidas de seguridad interior será confidencial.

– No impone límite de tiempo a las afectaciones de seguridad interior.

– No obliga a que las autoridades estales y municipales fortalezcan a sus policías civiles en tiempos y conforme a metas concretas.

– Fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia civil.

– No establece controles ni contrapesos robustos: únicamente habla de que el Secretario de Gobernación remita un informe a la Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión.

– Las definiciones imprecisas permiten que todo quepa en la figura de seguridad interior.

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