Cuando era candidato, Joe Biden se mostró dispuesto a «tender puentes de negociación» con todos los Gobiernos de América Latina y el Caribe en caso de ganar la presidencia, sin embargo, una vez en el cargo, la política exterior y de seguridad del presidente de EE.UU. hacia la denominada Patria Grande no se caracteriza precisamente por el «respeto mutuo» y la «cooperación internacional».

La de Biden es más bien una diplomacia de las cañoneras, una política exterior que pone el acento en la imposición de sanciones económicas y el establecimiento de acuerdos de seguridad y defensa, tanto para mantener a raya a Gobiernos que considera adversarios, como para escalar posiciones estratégicas desde el Río Bravo hasta la Patagonia.

Con México y el Triángulo Norte, «mucho ruido y pocas nueces»

El actual inquilino de la Casa Blanca asegura que promueve un «nuevo enfoque» sobre migración. En el documento ‘US Citizenship Act of 2021’ se apunta que es necesario para el Gobierno estadounidense atender la raíz del problema.

A propósito de esta misión es que Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU., y comisionada para articular una estrategia sobre migración para la región centroamericana, expresó durante la 51ª Conferencia anual de Washington sobre las Américas que su país estaba dispuesto a «abordar tanto los factores agudos como las causas fundamentales».

Pero hasta ahora hay «mucho ruido y pocas nueces». El programa de desarrollo regional para el sureste mexicano y Centroamérica impulsado por el presidente López Obrador, si bien tiene el visto bueno de su par estadounidense, hasta la fecha no ha recibido financiamiento.

No existe nada concreto sobre los 4.000 millones de dólares que EE.UU. prometió invertir en Centroamérica. Más que incentivar una estrategia de desarrollo con México y los países de la región, todo apunta a que la vicepresidenta prefiere apoyarse en fundaciones filantrópicas para canalizar los recursos.

A finales de abril, Harris convocó a líderes de varias de estas organizaciones, entre ellas, el Fondo de los Hermanos Rockefeller, la Fundación Open Society, la Fundación para una Sociedad Justa, la Fundación Internacional de Seattle y la Fundación Ford para escuchar de viva voz su «experiencia» en «ayudar» a la región.

La organización de estos encuentros se llevó a cabo en medio de fuertes presiones de EE.UU. sobre los Gobiernos de México y Centroamérica, a los que exigió un mayor «compromiso» para contener el flujo de personas, a través de un despliegue masivo de sus fuerzas armadas y de seguridad.

Según lo informado el 12 de abril por la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, el Gobierno hondureño mantiene en las calles a 7.000 elementos de sus fuerzas de seguridad para detener a la población que intenta salir del país; Guatemala tiene instalados 12 puestos de control a lo largo de la ruta migratoria y desplegados 1.500 policías y militares que vigilan la frontera con Honduras; al tiempo que México cuenta con 10.000 elementos de la Guardia Nacional para vigilar la frontera sur.

Por otro lado, las acusaciones de «corrupción» y «violaciones de los derechos humanos» que pesan sobre varios de los Gobiernos centroamericanos, no han impedido que EE.UU. los surta de armamento y equipo bajo el argumento de que es necesario para hacer frente a «amenazas trasnacionales»: tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico ilegal de personas y armas.

Para este 2021 se contempla que Washington done por lo menos un patrullero marítimo Metal Shark Defiant 85 a cada uno de los países del Triángulo Norte. Entre tanto, el Ejército Sur de EE.UU. (‘ARSOUTH’ en inglés) ya prepara el lanzamiento de CENTAM GUARDIAN para el próximo año.

Se trata de un ejercicio militar trifronterizo que contará con la participación de las Fuerzas Armadas de los tres países con el objetivo de «mejorar sus capacidades contra amenazas», según reporta una publicación a cargo del Comando Sur de EE.UU. (‘US Southern Command’).

«Mano dura» contra Cuba y Venezuela

En comparación con la política de Donald Trump, no existe gran diferencia bajo la Administración de Joe Biden en cuanto a las sanciones económicas y presiones políticas en contra de los Gobiernos de Cuba y Venezuela.

Con respecto a Cuba no hay cambios en la política exterior. Luego de que el presidente Barack Obama implementara acciones orientadas hacia el «deshielo» de las relaciones con la más grande de las Antillas, Donald Trump las echó por la borda a través de la imposición de más sanciones.

EE.UU. mantiene las 240 sanciones contra Cuba impuestas por Trump, de las cuales 50 se implementaron durante la pandemia, agravando la situación económica de la isla.

La llegada al poder de otro presidente surgido de las filas del Partido Demócrata albergó la esperanza de retomar el proceso de «normalización» de la relación bilateral, sin embargo, para Biden Cuba «no es prioridad».

Así lo confirmó la vocera de la Casa Blanca, quien declaró a mediados de abril que «un cambio de política hacia Cuba o pasos adicionales no están actualmente entre las principales prioridades de la política exterior del presidente».

La inercia de Biden ha derivado en que las políticas de su antecesor en contra de la isla continúen vigentes. Por ejemplo, días antes de que Trump abandonara el poder, Cuba volvió a ser incluida en una lista de países «patrocinadores del terrorismo».

Luego de 100 días de Gobierno de Joe Biden, la nación caribeña sigue en la lista. Además, en la actualidad Washington mantiene las 240 sanciones contra Cuba impuestas por Trump, de las cuales 50 se implementaron durante la pandemia de covid-19, agravando la situación económica de la isla.

La política exterior hacia Venezuela no es muy diferente, las acciones de Washington están dirigidas a promover una «transición» en el Gobierno, Biden mantuvo contacto con el equipo de Juan Guaidó, a quien hasta el momento EE.UU. reconoce como «presidente interino».

Aunque en los discursos EE.UU. insiste en «impulsar el diálogo» entre la oposición y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro con el ánimo de buscar una «salida democrática», no cesan las presiones.

La Administración Biden mantiene el bloqueo petrolero en contra de la nación suramericana e, igual que sucede con Cuba, se encuentra en proceso de «revisar» la lista de sanciones impuestas para determinar si conviene o no levantar algunas de ellas.

Reforzamiento de vínculos militares a ambos lados del Río de la Plata

Tras el relevo en la Casa Blanca, EE.UU. está abocado a consolidar su posicionamiento militar en el Cono Sur. En lo que va del Gobierno de Joe Biden, resalta la visita que realizó el jefe del Comando Sur de EE.UU., el almirante Craig S. Faller, a varios países de la región suramericana.

Con relaciones distantes bajo los Gobiernos de Argentina encabezados por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, así como los que salieron de las filas del Frente Amplio de Uruguay, ahora EE.UU. vuelve a la carga.

Sabotear un mayor acercamiento entre China y Argentina, y ganar posiciones para EE.UU., fue uno de los objetivos de la visita de Craig S. Faller

A su paso por Argentina, el almirante Craig S. Faller buscó garantizar la continuidad de los acuerdos que se establecieron durante el Gobierno de Mauricio Macri, quien elevó la cooperación en materia de seguridad y defensa.

Entre los acuerdos celebrados entre 2015 y 2019 destacan la instalación de una base militar en Tolhuin con el objetivo de «monitorear explosiones nucleares», así como una base logística en la ciudad de Ushuaia para llevar a cabo «misiones de exploración» en la Antártida.

La visita del alto mando militar norteamericano a Argentina obedeció también a un intento por socavar la influencia de China, nación con la que Buenos Aires mantiene una «relación estratégica». No es solo que Pekín «viola los derechos humanos» y lleva a cabo «malas prácticas económicas», sino que también venía ganando influencia en las áreas de la seguridad y la defensa en el Cono Sur.

El 18 de enero de este año, el embajador de China en Argentina, Zou Xiaoli, mantuvo una reunión virtual con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, con quien habría conversado sobre la participación del gigante asiático en el proyecto de la Base Naval Integrada y Polo Logístico Antártico en Ushuaia. Sabotear un mayor acercamiento entre China y Argentina, y ganar posiciones para EE.UU. fue otro de los objetivos de la visita de Craig S. Faller.

Con respecto a Uruguay, todo apunta a que EE.UU. tiene camino libre para la firma de acuerdos con vistas a ganar influencia militar con Luis Lacalle Pou al frente del Gobierno. Durante su estancia, Craig S. Faller catalogó a Uruguay como un «importante socio en materia de seguridad».

En los últimos meses EE.UU. ha venido estrechando sus lazos en las áreas de la seguridad y la defensa con Uruguay, país que año con año manda entre 30 y 40 de sus oficiales a recibir adiestramiento militar en la Unión Americana.

La cooperación entre ambos países incluye también donaciones de equipo. En lo que será la base naval de Fray Bentos, localizada en la costa oeste de la nación, EE.UU. ya comenzó negociaciones para la transferencia de buques guardacostas clase Marine-Protector.