Resto del mundo
Joseph Kabila lidera nueva coalición rebelde en la República Democrática del Congo
El ex presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, ha sido nombrado líder de una nueva coalición rebelde que busca derrocar al gobierno actual. Esta coalición, conocida como el Frente para la Refundación de la Nación (FRN), tiene como objetivo coordinar “fuerzas de resistencia” para poner fin a lo que denominan “tiranía” en el país, y ha declarado que perseguirá este objetivo “por todos los medios, incluyendo la fuerza”.
El anuncio de esta coalición se realizó el lunes y representa la implicación directa de Kabila en un movimiento armado, un año después de haber sido condenado a muerte en ausencia por traición. Anteriormente, Kabila había negado tener vínculos con el grupo rebelde M23.
Claude Ibalanky, asesor de la coalición, hizo el anuncio en una conferencia de prensa en la residencia de Kabila en Goma, la ciudad más grande del este del país, que ha estado bajo control del M23 desde el año pasado. Un video divulgado por el grupo mostró a Kabila firmando documentos durante la declaración de la coalición junto a otros líderes.
El líder del M23, Sultani Makenga, será uno de los cuatro diputados de Kabila en este nuevo movimiento. Los otros tres también provienen de la alianza AFC-M23, que el año pasado tomó gran parte del rico este del país en recursos minerales.
La formación de esta nueva coalición se produce días después de que Kabila ofreciera un discurso en el que afirmaba que establecería cómo los congoleños deberían actuar para “rescatar” su país. En su discurso, Kabila acusó al gobierno del presidente Félix Tshisekedi de ignorar propuestas que había presentado el año anterior, las cuales estaban destinadas a poner fin al conflicto en el este del país. También criticó al gobierno por socavar el orden constitucional, mal gestionar la economía y no mejorar la seguridad, además de alegar arrestos arbitrarios de opositores políticos y oficiales militares.
El gobierno no ha respondido públicamente a estas acusaciones. Kabila, quien gobernó el país desde 2001 hasta enero de 2019, cuando Tshisekedi asumió el cargo tras una elección disputada, ha mantenido un perfil bajo en los últimos años, pero ha comenzado a criticar abiertamente la administración de su sucesor.
La creación de esta coalición se da en un contexto de incertidumbre en un país que ha sido azotado por la violencia durante décadas. Más de 100 grupos de milicias están activos en el este del país, en medio de tensiones étnicas y luchas por el poder político y el control de recursos naturales lucrativos.
Los gobiernos occidentales y la ONU han acusado a Ruanda de respaldar al M23 y de controlar a los rebeldes, lo cual Ruanda niega, argumentando que su presencia militar en el este del Congo es una medida defensiva ante amenazas de grupos armados congoleños.
El segundo mandato de Tshisekedi finaliza en 2028, pero en mayo sugirió que las elecciones programadas para ese año podrían no llevarse a cabo debido al conflicto. También insinuó que podría buscar la reelección por un tercer mandato “si el pueblo lo desea”. Desde entonces, el parlamento ha aprobado un proyecto de ley que podría allanar el camino para un referéndum que elimine el límite de dos mandatos establecido en la constitución.
Recientemente, las autoridades se enfrentaron a manifestantes en la capital que protestaban contra los cambios propuestos. Richard Moncrieff, analista del Grupo de Crisis Internacional (ICG), sostiene que la nueva coalición busca ampliar la rebelión y que Kabila, al asumir un perfil más alto, espera obtener apoyo de personas descontentas con Tshisekedi, más allá de la estrecha base política que disfruta el M23. Sin embargo, Moncrieff advierte que no será fácil para Kabila recuperar el poder como lo hizo su padre, en parte debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que presuponen el apoyo estadounidense al gobierno congoleño.
Resto del mundo
Inés Gómez Mont impugna arresto del ICE, pero no extradición
Un tribunal federal en el sur de Florida evaluará este miércoles la validez del arresto de Inés Gómez Mont por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La corte se centrará exclusivamente en el aspecto migratorio, sin abordar la posible extradición de la exconductora de televisión para enfrentar cargos criminales en México.
Gómez Mont fue detenida y trasladada a un centro de detención tras la expiración de su permiso de estancia en Estados Unidos, el cual fue otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional mediante la forma I-94, tras la presentación de su pasaporte y visa correspondiente.
No obstante, la defensa argumenta que el arresto podría ser improcedente, ya que tanto Inés Gómez Mont como su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, solicitaron asilo en Estados Unidos en 2022, un proceso que aún se encuentra pendiente.
Para impugnar su arresto, la defensa de Gómez Mont ha presentado un amparo o Habeas Corpus. Sin embargo, los documentos relacionados con su caso migratorio están sellados en la Corte Federal del Sur de Florida en Miami, lo que limita el acceso a información adicional y ha llevado a la defensa a no emitir declaraciones públicas sobre el asunto.
Dado que el arresto de Gómez Mont se basa en motivos migratorios, Estados Unidos deberá resolver esta situación de manera independiente de la solicitud de detención con fines de extradición presentada por el gobierno mexicano en septiembre. En caso de que esta solicitud proceda, la detención sería gestionada por el Departamento de Justicia a través del Departamento de Estado, una vez que se resuelva la situación migratoria de la detenida.
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