Opinión

Justicia, verdad e incompetencia por Juan Ramón Camacho

Es cosa del dominio público que andan inocentes penando y culpables gozando. O en otras palabras: algunos de adentro merecen estar afuera y algunos de afuera merecen estar adentro. ¿Qué justicia es esta? A veces –y no pocas-, esta lamentable situación se origina en quienes juzgan, quizás por una errónea apreciación que tuvieron al considerar los elementos aportados para el juicio; pero seguramente son más las veces que todo surge la tarea de investigar, en la realización del encargo de hallar y aportar pruebas y evidencias que favorezcan un juicio adecuado.

Los mexicanos, en general, y los chihuahuenses, en particular, estamos informados constantemente, a través de los medios masivos, de encarcelamientos y excarcelamientos de individuos que fueron sujetos a un proceso penal en el cual abundaron las anomalías, desde averiguaciones impostadas hasta acciones de tortura para obtener declaraciones, entre otras. Es una realidad preocupante que ningún ciudadano debe tomar a la ligera, porque ella es un riesgo para todos.

Los descuidos, las incapacidades, las omisiones y arbitrariedades en la integración de expedientes para los procesos, son algo que parece ser de lo más frecuente a lo largo y ancho de nuestro país. Es, aparentemente, un mal que ocurre por una incompetencia para buscar la verdad que funda el juicio justo, el juicio deseable que ha de conformar a la sociedad. Para juzgar se requieren elementos, los llamados elementos de juicio, todos ellos interesados por el valor de la verdad, por el respeto a los hechos que deben ser los determinantes del dictamen justiciero.

Para que la sociedad confíe en una impartición de justicia debe exigir, primeramente, conocimientos, destrezas, habilidades y valores en quienes representan sus intereses en los procesos penales. Aunque podemos suponer que algunas investigaciones judiciales se realizan con la intención auténtica de aportar elementos para un juicio justo, muchas veces esa intención queda sólo en eso. Y entonces vemos que la decisión de un juez se vuelve gran noticia, lo mismo que la indignación e inconformidad populares.

Es, por tanto, la conexión entre verdad y justicia algo indispensable para garantizar a la sociedad una certeza en los castigos o exoneraciones que se aplican a quienes sean imputados y sometidos a un proceso. Y para encontrar verdades, lo mismo que para sostenerlas, se requiere una competencia. La justicia es difícil de aplicar cuando se es incompetente para trabajar por y para la verdad; esta es la competencia fundamental, un respeto y un acercamiento metódico (con técnicas y procedimientos adecuados) a los hechos.

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Opinión

Fotografías. Por Raúl Saucedo

Las Políticas por hacer

El quehacer político moderno, a menudo toma en cuenta a los sectores de la sociedad que ostentan poder o influencia visible dentro de la comunidad: Los adultos votan, las empresas influyen y los medios de comunicación amplifican sus voces. Sin embargo, en el complicado juego de poder, la niñez, un grupo vital pero silencioso, suelen quedarse en el margen.

La Niñez representa el futuro; es el cimiento sobre el que se construirán las próximas generaciones. Su bienestar, educación y salud son indicadores clave no solo de su calidad de vida individual, sino también del progreso y la salud de una sociedad en su conjunto. A pesar de esto, los gobiernos frecuentemente pasan por alto la creación de políticas públicas enfocadas en este sector, principalmente porque esta parte de la sociedad no votan ni tienen voz directa en los procesos políticos.

Este “descuido” puede atribuirse a varios factores. Primero, la falta de representación política directa. La niñez depende completamente de los adultos para que sus intereses sean representados en el gobierno. Sin embargo, las agendas políticas suelen estar más influenciadas por las preocupaciones inmediatas de los votantes adultos —empleo, economía, seguridad— relegando a un segundo plano temas como la educación de calidad o la protección contra el abuso y la negligencia.

Además, la falta de datos específicos sobre los problemas que afectan a la niñez impide formular políticas bien informadas. A menudo, las estadísticas y estudios disponibles no desglosan la información por edad de manera que refleje las realidades específicas de este grupo. Esto conduce a un entendimiento incompleto de sus verdaderas necesidades y desafíos.

Es más, los problemas que afectan a la niñez suelen ser transversales y requieren una política integrada. Por ejemplo, la pobreza infantil no solo afecta la nutrición; impacta también en el acceso a la educación, la salud y las oportunidades de desarrollo social y emocional. Sin un enfoque especifico que contemple la complejidad de estos asuntos, las políticas resultantes pueden ser ineficaces o incluso contraproducentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 por las Naciones Unidas (ONU), establece en teoría un marco internacional para la protección de los derechos de la niñez, incluyendo el derecho a la educación, la salud y la protección contra la explotación infantil. Sin embargo, la aplicación de estos derechos en políticas concretas sigue siendo un desafío global.

Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos reconozcan la importancia de la niñez en el desarrollo social y económico de un país. Invertir en este sector no es solo una cuestión de cumplir con obligaciones morales o internacionales, sino una estrategia prudente para fomentar sociedades más educadas, saludables y equitativas. Los niños y niñas de hoy son los adultos del mañana; sus problemas y necesidades deben ser una prioridad, no una reflexión tardía.

Para abordar esta cuestión sistémica, es necesario promover una mayor participación de los expertos en infancia en los procesos de toma de decisiones y asegurar que las políticas públicas sean evaluadas también en función de su impacto en la población infantil. Las voces de los infantes, aunque no se expresen en las urnas, deben resonar en los corredores del poder a través de quienes aboguen por su bienestar y futuro.

Ignorar las necesidades de este sector en la formulación de políticas públicas no solo es un fracaso en proteger a los más vulnerables, sino también una miopía estratégica que compromete el desarrollo sostenible y la justicia social a largo plazo. Es hora de que los gobiernos ajusten sus lentes y enfoquen claramente en el bienestar y los derechos de los niños, garantizando así un futuro mejor para todos.

Este planteamiento personal y profesional surge en reflexión del pasado 30 de abril, donde la mayoría de mis amigos publicaron historias sobre festivales infantiles en compañía de sus hijos, mientras yo daba un clavado al baúl de los recuerdos encontrando fotografías olvidadas de una etapa fundamental de mi vida, todo esto con aquella canción de fondo del Maestro Sabina donde protestamos contra el misterio del mes de abril.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

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