Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pidió a sus simpatizantes y miembros del Partido Republicano “revertir” o rechazar en conjunto el resultado de la elección presidencial del martes 3 de noviembre, luego de alegar, sin pruebas y tras reveses en tribunales, que los comicios fueron “amañados” para asegurarle la victoria a Joe Biden, exvicepresidente y candidato del Partido Demócrata.

En una escena curiosa, el mandatario Donald Trump habló por el altavoz del teléfono, sostenido por su abogado Rudy Giuliani, a senadores republicanos de la legislatura estatal de Pensilvania: “Debemos revertir la elección” porque los demócratas “hicieron trampa, fue una elección fraudulenta”, apuntó, repitiendo varias teorías de conspiración que han sido rechazadas en tribunales de todo el país.

Ningún fraude masivo quedó demostrado durante la elección presidencial, y Joe Biden se encamina a ser el 46 presidente de Estados Unidos el 14 de diciembre, cuando se reúna el Colegio Electoral que constitucionalmente determina el ganador de la Casa Blanca de Washington D.C. La victoria de Biden se anunció el 7 de noviembre. Desde entonces, Donald Trump lanza acciones legales para intentar probar un fraude en su contra.

Sin aceptar su derrota, Donald Trump dio, sin embargo, luz verde el lunes por la noche al inicio del proceso de transferencia de poder de Joe Biden, cuya investidura está programada para el 20 de enero. La intervención de Donald Trump para rechazar la elección fue durante una audiencia celebrada en una sala de conferencias de un hotel en Gettysburg, por senadores de Pensilvania.

En su comunicación telefónica, Donald Trump dijo a los republicanos de Pensilvania:
“Ésta fue una elección que ganamos fácilmente. La ganamos por mucho. Pero esta elección fue amañada. Éste es un momento muy importante en la historia de nuestro país. Y ustedes brindan un servicio muy importante a nuestro país”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) podría emitir un amparo para dar a conocer el expediente del cardenal Norberto Rivera Carrera, actual arzobispo primado emérito de la Arquidiócesis de México, sobre las denuncias que tiene en su contra por el posible ocultamiento de casos de pederastia de 15 sacerdotes.

Luego de que en 2017, el exsacerdote Alberto Athié denunciara a Rivera Carrera ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por ocultar acciones de pederastia de sacerdotes, un ministro de la SCJN propondrá otorgar un amparo que permita a los denunciantes conocer el avance de las diligencias contra el cardenal mexicano.

Además, el eclesiástico ya era señalado por el posible encubrimiento de las acciones del sacerdote Nicolás Aguilar, quien fue denunciado en Estados Unidos por presuntos casos de pederastia.  En 2007, Rivera Carrera reconoció no haber solicitado que se investigara a Aguilar, a pesar de las acusaciones que este tenía en su contra.

Cabe mencionar que después de que Athié realizara una denuncia formal en 2017 ante la PGR contra el cardenal por posible ocultamiento de casos de pederastia, la dependencia le negó el acceso a la investigación por no tener carácter de víctima.

Por lo cual, en 2018, el ministro José Ramón Cossío Díaz propuso amparar al exsacerdote para que este pudiera conocer el avance de las diligencias; sin embargo, la iniciativa solo fue apoyada por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y tuvo que ser desechada.

Ahora, según informa el diario Milenio, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Menapresentará el próximo 25 de noviembre un nuevo proyecto para otorgar un amparo en el que solicite a la autoridad correspondiente: analizar la posibilidad de que el denunciante tenga acceso a la investigación y esclarecimiento de los hechos.

De igual forma, el proyecto propone que las autoridades analicen el interés que tiene la sociedad de «conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables, cuando dichos delitos sean de lesa humanidad o representen una grave violación de derechos humanos».

Para ello, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena señala que la sociedad en general tiene derecho de acceder a la información que se expone en las averiguaciones previas asociadas con violaciones graves a derechos humanos, «pues dicha circunstancia se asocia también con la garantía de su derecho a conocer la verdad de lo ocurrido en dichas violaciones».

De acuerdo con declaraciones de Rivera, este tenía conocimiento de 15 casos de sacerdotes pederastas, por lo que fueron investigados y enviado los expedientes al Vaticano; en respuesta, el papa los había sentenciado.

No obstante, a través de solicitudes de información, Alberto Athié encontró que no existían tales denuncias en ninguna de las instancias legales competentes: la Secretaría de Gobernación (Segob), la PGR ni la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

En consecuencia, Athié promovió una denuncia contra Rivera Carrera que terminó en la apertura de un expediente por parte de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR.

Pero a pesar de ser el principal promovente de la denuncia, la PGR no le permitió al exsacerdote conocer la investigación; por lo que, este promovió un amparo que le fue negado por considerar que «carecía de interés jurídico».

Por esta razón, el nuevo proyecto presentado por el ministro Gutiérrez Ortiz Mena propone que el Ministerio Público debe seguir los lineamientos legales para dar a conocer el expediente de Rivera Carrera con base en la excepción que alude a casos que involucren graves violaciones a los derechos humanos.

Después de semanas de retraso, el jefe de la Administración de Servicios Generales informó el lunes al presidente electo Joe Biden que se aprobó el proceso oficial de transición gubernamental.

La administradora de GSA, Emily Murphy, dijo en una carta que Biden, a quien se refirió como «el aparente presidente electo», ahora puede acceder a millones de dólares en fondos federales y otros recursos para comenzar su transición al poder. En su carta, Murphy también negó que hubiera estado bajo presión de la Casa Blanca para retrasar el proceso.

“He dedicado gran parte de mi vida adulta al servicio público y siempre me he esforzado por hacer lo correcto”, dijo. “Por favor, sepa que tomé mi decisión de forma independiente, basada en la ley y los hechos disponibles. Nunca fui presionado directa o indirectamente por ningún funcionario de la Rama Ejecutiva, incluidos los que trabajan en la Casa Blanca o GSA, con respecto a la sustancia o el momento de mi decisión «.

Trump en un par de tweets prometió continuar su lucha legal para impugnar los resultados de las elecciones, pero dijo: «Estoy recomendando que Emily y su equipo hagan lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo».

El proceso de transición se había estancado durante semanas mientras el equipo de Trump libraba una batalla legal en todo el país para impugnar los resultados, dejando a Biden fuera del circuito sobre la vacuna Covid-19 y otros temas clave.

La campaña de Biden celebró la noticia en un comunicado.

«La decisión de hoy es un paso necesario para comenzar a abordar los desafíos que enfrenta nuestra nación, incluido el control de la pandemia y la recuperación de nuestra economía», dijo el asesor de transición de Biden, Yohannes Abraham. «Esta decisión final es una acción administrativa definitiva para comenzar formalmente el proceso de transición con las agencias federales. En los próximos días, los funcionarios de transición comenzarán a reunirse con funcionarios federales para discutir la respuesta a la pandemia, tener una contabilidad completa de nuestros intereses de seguridad nacional y ganar comprensión completa de los esfuerzos de la administración Trump para vaciar las agencias gubernamentales «.