El 28 de octubre de 2015, una niña de 16 años de edad integrante de la comunidad indígena totonaca de Manantiales, municipio de Mecatlán, Veracruz, fue privada de la libertad por uno de sus vecinos, quien la condujo por la fuerza a un cafetal y la atacó sexualmente.

Cuatro horas después, cuando la niña y su familia acudieron ante las autoridades municipales, encabezadas entonces por el Partido del Trabajo, la víctima fue recibida a carcajadas por los servidores públicos responsables de asistirla y, un día después, el mismo alcalde de la región, Gerónimo Luis Hernández, le ofreció llegar a un arreglo: ya fuese obtener una compensación económica del agresor o casarse con él.

De hecho, gracias a este alcalde del PT, el agresor sexual no sólo pudo volver al pueblo libre de cargos, pocas horas después de atacar a la menor, sino que hasta la fecha permanece en libertad.

Por el contrario, su víctima, hoy de 18 años, tuvo que abandonar la localidad inmediatamente, ante el temor a represalias del violador, de la familia de éste o de las autoridades encubridoras.

Tal como consta en la investigación de este caso, realizada primero por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, y luego por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta niña fue atacada sexualmente el 28 de octubre de 2015, alrededor de las 11:00 horas, y para las 15:00 horas, señala su testimonio, “en compañía de mi abuela fui a casa del sub-agente municipal (aún portando su ropa ensangrentada), a darle a conocer los hechos, y cuando le conté que este sujeto me llevó al cafetal y me tiró al suelo, el sub-agente municipal comenzó a reírse mucho”.

Ante la negativa de atención, la víctima y su familia acudieron directamente a las oficinas municipales de Mecatlán, en donde el titular de la Policía Municipal ofreció llevarla hasta Papantla, que es el municipio más cercano con una agencia del MP especializada en atención a delitos contra las mujeres.

El ofrecimiento, sin embargo, era una trampa, pues luego de que la víctima y su papá abordaron en la parte delantera de la patrulla en la que supuestamente serían llevados a Papantla, dicho comandante de la Policía Municipal introdujo al vehículo al mismo vecino que un día antes había violado a la menor.

Tal como comprobó la CNDH, el comandante de la policía municipal condujo a la víctima y al agresor hasta un campo deportivo, en donde el mismo alcalde Gerónimo Luis Hernández y un abogado particular intentaron convencer a la adolescente y a su papá para que se desistieran de presentar la denuncia penal en contra del agresor sexual.

Mientras la menor permaneció retenida contra su voluntad en dicho campo deportivo, al lugar también llegó el funcionario municipal asentado en el poblado de Manantiales que, un día antes, había respondido con carcajadas ante su denuncia de violación.

Según la investigación de la CNDH, la menor fue retenida en dicho campo deportivo por alrededor de una hora, hasta que vecinos de la localidad se percataron de los hechos y se comunicaron a las oficinas del Ayuntamiento, para exigir que la menor fuera liberada, sólo así los funcionarios municipales encabezados por el alcalde del PT cesaron las presiones contra la menor y su padre, y los trasladaron a Papantla, para que formularan la denuncia penal en contra del agresor sexual.

Cabe destacar que, en ese mismo momento, el agresor sexual también fue conducido al MP de Papantla, junto con su víctima; sin embargo, las autoridades municipales de Mecatlán no lo consignaron ante el Ministerio Público, sino que lo dejaron unos instantes a unos metros de la puerta de acceso y, luego de introducir a la menor en las oficinas ministeriales, los mismos policías municipales trasladaron al agresor de vuelta a Mecatlán, y lo dejaron en libertad.

A pesar de que la menor agredida identificó plenamente a la persona que la atacó, la Fiscalía General del Estado de Veracruz se tomó seis meses para solicitar a un juez penal una orden de captura, aunque, obviamente, para el momento en que ésta fue emitida el imputado ya se había dado a la fuga, y permanece prófugo hasta la fecha.

Estilo PT

En agosto de 2016, es decir, diez meses después de la agresión sexual, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz emitió su recomendación 19/2016, a través de la cual ordenaba al alcalde del Partido del Trabajo en Mecatlán que iniciara una investigación administrativa en contra de los funcionarios municipales que encubrieron y permitieron la fuga del agresor sexual de esta adolescente indígena.

El objetivo de dicha investigación administrativa era, concretamente, determinar las responsabilidades en las que incurrió el personal de la Policía Municipal, al presionar a la menor para que se desistiera de presentar la denuncia, así como por haber omitido la consignación del imputado, aun cuando sí lo habían conducido hasta el MP de Papantla en una patrulla oficial.

Asimismo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos le ordenó al alcalde Gerónimo Luis Hernández que indemnizara a la afectada por los daños que el proceder de su personal le había ocasionado, entre los que destacan afectaciones psicológicas, secuelas físicas por una tardía y deficiente atención médica, además de garantizar su seguridad personal.

Por último, se ordenaba al alcalde establecer mecanismos de capacitación para el personal del municipio en materia de derechos humanos y atención a las víctimas.

El alcalde del Partido del Trabajo, simplemente, ignoró a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ni siquiera respondió.

Tuvo que mediar un nuevo exhorto de la CEDH para que, en octubre de 2016, el alcalde Gerónimo Luis Hernández anunciara oficialmente su “rechazo” a lo dispuesto por Derechos Humanos, ya que, argumentó, “es totalmente falso que los elementos de la Policía Municipal actuaron de manera negligente, al obstaculizar al probable responsable para que no compareciera ante la Fiscalía”, y aseguró que las autoridades municipales dispusieron la liberación del detenido “toda vez que no se ha comprobado si realmente el probable responsable había comentado (sic) delito”.

Cabe destacar que, tal como dispone la ley, las autoridades municipales no están facultadas para determinar si un probable responsable ha cometido un delito o no. Por el contrario, la ley obliga a las autoridades aprehensoras a poner al detenido a disposición del Ministerio Público de manera inmediata, para que sea éste el que defina si existe o no delito qué perseguir.

Aun así, el argumento del alcalde del PT para liberar al agresor sexual es que no había elementos para su consignación, y concluye afirmando, ya sin lógica alguna, que todo esto no lo dispuso él o su personal, sino la misma Fiscalía General de Veracruz, argumento que quedó desacreditado luego de que Derechos Humanos comprobara que el personal del MP nunca fue notificado de que el agresor sexual estaba en la misma patrulla en la que había sido conducida la víctima para presentar su denuncia.

Además, ni el alcalde del PT, ni ninguno de sus subordinados, reconoció haber retenido a la menor en un campo deportivo, para encararla con su agresor y presionarla para que aceptara casarse con él o, al menos, que la compensara económicamente.

Por el contrario, insistieron en que el tiempo de traslado de la víctima hacia el MP de Papantla fue más prolongado del normal porque hubo que detenerse a cargar gasolina.

Derechos Humanos, no obstante, pudo recabar el testimonio de personas ajenas a los hechos, que presenciaron el momento en que la menor fue conducida a dicho campo deportivo y retenida ahí por policías municipales.

Epílogo: simulación

Luego de que el alcalde Gerónimo Luis Hernández se negó a reconocer los abusos en contra de la menor, cometidos por él y sus subordinados, el caso fue abordado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que inició su propia investigación.

Tal como consta en el expediente iniciado por la CNDH, una vez que el alcalde del PT se percató de que el caso había escalado a una instancia nacional, intentó simular que finalmente sí había aceptado y acatado “parcialmente” lo que en agosto de 2016 le ordenó el órgano estatal de Derechos Humanos, y como prueba presentó un informe en el que asegura que sí se inició un proceso administrativo contra dos policías municipales.

No obstante, según el mismo informe remitido por Gerónimo Luis Hernández a la CNDH, luego de este proceso administrativo, la gestión municipal que él encabezaba determinó emitir (el 17 de marzo de 2017) una amonestación privada, no presencial, en contra de ambos policías.

Dicha amonestación, que ni siquiera va firmada por el alcalde, dice:

“Por medio de la presente, me dirijo a usted para manifestarle nuestra decisión de formularle amonestación escrita por la actitud asumida por su persona, en relación al procedimiento número 02/2017, consistente en una amonestación privada de acuerdo a la responsabilidad administrativa en que incurrió como servidor público por violentar derechos a la víctima, de acuerdo a la recomendación 19/2016 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, y se les pide no volver a incurrir en actos de violación a derechos humanos.”

Leer esa misiva, de principio a fin, es todo el castigo al que fueron sometidos los dos involucrados que recibieron alguna sanción.

El resto de los involucrados, entre los que están al menos el hoy exalcalde Gerónimo Luis Hernández y el sub-agente municipal en el poblado de Manantiales, el mismo que se burló de la menor y su abuela cuando acudieron a pedir ayuda, no enfrentaron sanción alguna.

Y aunque el proceso penal en contra del agresor sexual está formalmente vigente, dicho proceso en realidad no ha iniciado porque éste continúa prófugo.

Animal Político