El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano, afirmó que en México es fundamental proteger la propiedad privada de acuerdo con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este pronunciamiento surge tras la propuesta del gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, de recuperar empresas privatizadas en sectores clave como la banca, las navieras, la aviación, el turismo y los ferrocarriles, para que regresen al control del Estado.

De la Torre de Stéffano subrayó que el país opera bajo una economía de libre mercado, donde la protección de la propiedad privada es esencial. “Evidentemente estamos en una economía de libre mercado en donde se tiene que proteger la propiedad privada y, cuando hay cuestiones de interés nacional, tienen que estar plenamente justificadas”, expresó el líder del comercio organizado.

El mandatario estatal había señalado anteriormente que la expropiación no debería ser vista como un concepto negativo, sino como una herramienta que puede ser utilizada cuando sea necesario. Sin embargo, la postura de De la Torre de Stéffano refleja las preocupaciones del sector privado, donde inversionistas han manifestado que los proyectos hoteleros e inmobiliarios requieren un largo periodo para recuperar la inversión inicial. Este tipo de declaraciones, según ellos, incrementan la percepción de riesgo en el mercado.

Representantes del sector privado señalaron que los proyectos de inversión requieren una serie de elementos como terrenos, permisos, derechos de vía, autorizaciones ambientales, financiamiento y contratos que permiten calcular los riesgos a largo plazo. Por lo tanto, cualquier indicio de que el Estado podría recuperar activos privados a través de mecanismos extraordinarios podría convertirse en un factor adicional en la evaluación de riesgo de una inversión.

El derecho a la propiedad privada en México está garantizado en el Artículo 27 de la Constitución, que establece que la propiedad de tierras y aguas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares. Esta garantía es fundamental para el funcionamiento de la economía y la atracción de inversiones en el país.