La Corte Suprema de Estados Unidos ha levantado las restricciones impuestas a la administración de Trump para utilizar una base de datos federal controvertida que emplea información sobre ciudadanía y otros datos sensibles para identificar a votantes sospechosos de no ser ciudadanos. Los críticos han cuestionado la fiabilidad de esta información, advirtiendo que podría resultar en la eliminación errónea de ciudadanos estadounidenses de los registros electorales.

En junio, un juez federal dictaminó que el sistema era ilegal y violaba los derechos de privacidad de los estadounidenses. Sin embargo, la mayoría conservadora de la Corte determinó que la Ley Nacional de Registro de Votantes prohíbe purgas amplias de los registros electorales en las semanas previas a una elección, lo que limita cualquier “impacto potencial” de la decisión antes de las elecciones intermedias. Los tres jueces de tendencia liberal en la Corte Suprema disintieron de esta decisión.

Uno de los jueces disidentes, Ketanji Brown Jackson, expresó su preocupación de que esto pudiera revocar erróneamente los derechos de voto de votantes elegibles. “El daño causado al cargar o despojar de derechos a incluso unos pocos votantes legales supera el daño inexistente que el gobierno experimenta cuando se le impide tomar una acción que probablemente carece de autoridad”, escribió. El programa del Departamento de Seguridad Nacional, conocido como Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios, o SAVE, permite a los funcionarios verificar la elegibilidad de los votantes en sus registros.

Esta base de datos fue creada en 1986 para ayudar a los funcionarios a verificar la ciudadanía o el estatus migratorio de quienes solicitan beneficios públicos. Sin embargo, la administración de Trump amplió el año pasado sus capacidades de búsqueda al permitir búsquedas masivas utilizando información sensible de los registros de Seguridad Social. En junio, la jueza del distrito de EE. UU. Sparkle L Soonnan, nombrada por Biden, dictaminó que el sistema renovado demuestra que el gobierno federal “pisoteó conscientemente los derechos de privacidad” de los ciudadanos estadounidenses “de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto”. Un tribunal de apelaciones federal permitió que su fallo se mantuviera, solo para ser anulado por la Corte Suprema el viernes.

La Corte Suprema dictaminó que una ley de 1996 permite al DHS solicitar datos de ciudadanía e inmigración de agencias federales y tiene “la obligación de responder” a los estados que buscan esa información. El uso del programa SAVE por parte de los estados es voluntario. La Corte Suprema determinó que la orden del juez anterior “impide que el gobierno federal utilice el programa que considera más adecuado para la tarea”. Los abogados de la administración de Trump han argumentado durante mucho tiempo que el sistema es legal y necesario para prevenir que no ciudadanos voten. Actualmente, un total de 27 estados utilizan el sistema para verificar la ciudadanía de los votantes. Sin embargo, los críticos han señalado varios casos en los que el sistema ya ha llevado a errores. Por ejemplo, funcionarios del condado de Travis, Texas, encontraron que de casi 100 votantes identificados como no ciudadanos, al menos el 10% de ellos, y potencialmente más, eran ciudadanos estadounidenses, según informes de medios estadounidenses.

Desde que el estado comenzó a verificar sus registros electorales con el sistema SAVE el año pasado, solo tres votantes no ciudadanos han sido acusados de votar ilegalmente en Texas. Desde que regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado, la administración de Trump ha buscado reformar el sistema electoral de EE. UU., un proceso que ha incluido un intento, rechazado por la Corte Suprema, de restringir las boletas por correo. En 2024, por ejemplo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que 1,930 personas con un “historial de votante” habían sido eliminadas de los registros electorales de un total de casi 18 millones.