En el marco del Día Mundial del Agua, la especialista Elena Burns, coordinadora de la asociación “Agua para Todos, Agua para la Vida”, aseguró que actualmente el país padece una crisis de agua debido a que el 70 % de los cuerpos de agua cuentan con contaminación derivada de empresas mineras y petroleras, con lo que las autoridades federales buscan privatizar este recurso al considerarlo una mercancía para facilitar concesiones.

Situación de riesgo
“Estamos en una situación de cada vez más riesgo, la legislación actual es la Ley de Aguas Nacionales en la que se le aplicó un impuesto al agua en México en 1992 y se realizó con el objetivo de establecer una autoridad única que puede otorgar concesiones de compra y venta, de tal modo que cualquier inversionista que la necesite pueda adquirirla”.

Burns añadió que la Conagua es juez y parte al concesionar a 103 acuíferos del país, donde ha asignado 45 inspectores para el cumplimiento de la normatividad de más de 300 mil concesiones con lo que la especialista catalogó que no alcanza el dinero ni la voluntad política para hacer cumplir las leyes.

Este vacío ha sido aprovechado por empresas mineras y petroleras que están llegando en masa al país, provocando que las aguas nacionales reciban sustancias tóxicas. Ante la intención de privatizar los servicios de agua potable con la elaboración de la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados (que podría aprobarse tres años después de que se canceló la llamada ley Korenfeld), desde febrero de 2012 investigadores de la asociación “Agua para Todos, Agua para la Vida” se han enfocado en formular otra iniciativa para generar un Consejo Nacional de Cuencas que evite que el agua potable sea más cara y quede en manos privadas.

Aunque la Ley General de Aguas tiene como fin reglamentar el cambio constitucional de febrero de 2012, esto se ha usado por el gobierno federal y legisladores para impulsar las concesiones, de acuerdo con la especialista.

La Ley General de Aguas evitará que las comunidades afectadas protesten porque el Ejército intervendrá amparado por la Ley de Seguridad Interior por lo que Burns pidió a la ciudadanía participar en defender su derecho.