Ciudad de México.- La masacre que se vivió en Allende en marzo de 2011 donde sicarios del cártel de Los Zetas irrumpieron en el municipio y secuestraron a todos los que llevaban el apellido de un presunto traidor, incluidos mujeres y niños, y redujeron sus cuerpos a ceniza, fue desatada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), reveló una investigación de la Premio Pulitzer Ginger Thompson.
“A diferencia de la mayoría de los lugares en México destrozados por la guerra contra las drogas, lo que pasó en Allende no se originó en México. Comenzó en Estados Unidos, cuando la DEA logró un triunfo inesperado”, escribió la periodista en el artículo Anatomía de una Masacre.
De acuerdo con el texto, la responsabilidad de la DEA comenzó cuando un agente persuadió a un importante miembro de Los Zetas para que le entregara los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares que pertenecían a dos de los capos más buscados del cártel, Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar.
La investigación de la galardonada periodista Ginger Thompson se dio a conocer ayer en ProPublica y en National Geographic.
Tras el testimonio del miembro delator del cártel, la agencia estadunidense compartió información con una unidad de la Policía mexicana y casi de inmediato los Treviño se enteraron de que habían sido traicionados. “Los hermanos planearon vengarse de los presuntos delatores, de sus familias y de cualquiera que tuviera un vínculo remoto con ellos”, destacó Thompson.
La periodista mencionó que la atrocidad en Allende fue particularmente sorprendente porque los Treviño no sólo habían basado algunas de sus operaciones en las cercanías –con movimientos de decenas de millones de dólares en drogas y armas por la zona cada mes– sino que también habían hecho del pueblo su casa.
En la investigación, la ganadora del Pulitzer destacó que durante años después de la matanza de Allende las autoridades mexicanas solamente hicieron esfuerzos inconsistentes para investigar. “Erigieron un monumento para honrar a las víctimas, sin determinar por completo lo que había sido de ellas ni castigar a los responsables”, precisó.
Al final, agregó, las autoridades estadunidenses ayudaron a México a capturar a los Treviño, pero nunca reconocieron el costo devastador de ello. En Allende, la gente sufrió, sobre todo en silencio, porque estaban demasiado asustados para hablar públicamente.
Hace un año, ProPublica y National Geographic emprendieron la labor de juntar las piezas de lo que pasó en este pueblo del estado de Coahuila: dejar a los que sufrieron la mayor parte del ataque, y a los que tuvieron algún papel en él, que contaran la historia en sus propias palabras, con frecuencia con gran riesgo para sus vidas.
Voces como las que aparecen en el artículo rara vez se han escuchado durante la lucha contra el narcotráfico en México: funcionarios locales que abandonaron sus puestos, familias asediadas por el cártel y por sus propios vecinos, operarios del cártel que cooperaron con la DEA y vieron asesinados a sus amigos y familias, el fiscal estadunidense que supervisó el caso y el agente de la DEA que lideró la investigación y quien, como la mayoría de la gente en esta historia, tiene vínculos familiares en ambos lados de la frontera.
“Cuando le preguntaron durante una entrevista sobre su papel en el caso, el agente Richard Martinez se desplomó en su silla, con lágrimas en los ojos. ‘¿Cómo me hizo sentir el hecho de que la información se hubiera filtrado? Prefiero no decirlo, para ser honesto con usted. Me gustaría dejarlo así. Prefiero no decirlo’”, dice un fragmento de la investigación Anatomía de una Masacre.

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