Este miércoles, la detención en Florida, Estados Unidos, del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, acusado presuntamente de participar en delitos como enriquecimiento ilícito y peculado en México, ha desenmarañado poco a poco la operación de lo que hoy se denomina como “La Nómina Secreta”, una red de corrupción orquestada por el exmandatario estatal para el desvío de recursos.
La Nómina Secreta
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, señaló que Duarte Jáquez, armó una red de corrupción, de protección. Una especie de asociación delictuosa con la que se compró, con dinero en efectivo, el silencio de los participantes y que se conoce como “La Nómina Secreta”, temas que se destaparán cuando el exgobernador comparezca en los tribunales.
El gobierno de Duarte simuló 10 contratos por 408 millones 505 mil 827 pesos; seis órdenes de compra por 2 millones 980 mil pesos y una póliza de 122 millones 863 mil 238 pesos, todo para encubrir el presunto desvío, según la SHCH.
Los contratos eran para comprar productos básicos como alimentos y pagar servicios de capacitación para personal operativo del sistema de transporte Vive Bus y para la elaboración de manuales para prevenir la violencia contra la mujer, de los cuales no existe comprobación.
Los recursos, según la investigación de Hacienda, reingresaron a la caja en efectivo, para luego ser entregados a diversas personas y organismos.
En la indagatoria se reportan 394 operaciones realizadas entre 2012 y 2015, en las que se incluyen una lista de supuestos beneficiarios y pagos, entre los que destacan un concepto denominado «Operación MFB», con 235 millones de pesos, así como el Comité Estatal del PRI, con 63.5 millones, y el Despacho Ejecutivo del Gobierno estatal, con 63.18 millones.
Las siglas MFB se vinculan a Manlio Fabio Beltrones, quien ha sido señalado en los desvíos de César Duarte, aunque el ex legislador sonorense ha negado reiteradamente estar implicado.
En orden de importancia, siguen Gerardo Villegas Madriles, ex director general de Administración de la SHCH -ya preso-, con 32.6 millones; la Unión Ganadera Regional del Norte, con 13.2 millones, y Pável Aguilar Reynal, dirigente estatal del PRD, con 10.8 millones.
Continúan Alberto Sandoval Pulido, con 10 millones; el ex diputado federal priista Carlos Hermosillo Arteaga, muerto en un accidente el 20 de marzo de 2017, con 8.5 millones; el empresario Anuar Elías Karam, con 5.25 millones, y un concepto denominado «Operación Gordillo», al que se destinaron 5.2 millones de pesos.
Para una «gira» por la ciudad de Cuauhtémoc, se registran entregas por un total de 5 millones; al empresario Luis Carlos Baeza, 4.9 millones; el alcalde de Ciudad Juárez, 4.3 millones; al Partido del Trabajo, 4 millones; a Alejandro Gloria González, diputado local del PVEM, 3.85 millones, y para el Banco Unión Progreso, 2.09 millones.
A Cruz Pérez Cuéllar, actual senador de Morena, 1.3 millones, y al diputado local priista Jesús Velázquez Rodríguez, 1.05 millones.
En esta lista aparece también Cristopher James Barousse, exsecretario de Vinculación con la Sociedad Civil del CEN del PRI -el único al que ya se le había relacionado como beneficiario de la «caja chica»-, con 1.27 millones, suma que sólo comprende presuntos pagos del 9 de enero al 23 de diciembre de 2013.
El documento indica que Sixto Duarte Jáquez, hermano del exgobernador, presuntamente recibió de la misma cuenta 945 mil pesos, y Beatriz Paredes Rangel, senadora y expresidenta del PRI, 899 mil pesos.
El gibernador chihuahuense destacó que muchos de los procesos que tiene en seguimiento la justicia con Duarte, están siendo investigados en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP comandada por Santiago Nieto, además también expuso que se cuenta al menos con 20 órdenes de aprehensión a nivel estatal en contra del exgobernador y una a nivel federal.
