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Las autoridades cubanas reconocen casi el triple de casos de cólera

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El gobierno cubano admitió la existencia de 158 casos de cólera en la isla, casi tres veces más que la anterior cifra oficial.

En una nota informativa divulgada por el Ministerio de Salud Pública a través del diario oficialista Granma, se aseguró que «hasta el momento, existen un total de 158 personas que a partir de la valoración clínica, epidemiológica y por cultivo de laboratorio, se le ha confirmado la presencia del Vibrio Cholerae O1 Tor enterotoxigénico, serotipo Ogawa».

En el mismo comunicado, las autoridades señalan que «no han ocurrido nuevos fallecidos, manteniéndose la cifra de tres adultos como se había informado».

Las autoridades señalan que el brote está disminuyendo, aunque indican que se diagnosticaron casos fuera de Manzanillo, lugar de origen del brote.

Casos en otros lugares

«Como resultado del sistema de vigilancia epidemiológica sobre enfermedades diarreicas agudas propias del verano, se han diagnosticado casos aislados en otras regiones del país, de personas que se infectaron en Manzanillo», apunta el comunicado.

El asesor de la OPS en Cuba, Jorge Hadad, dijo recientemente a BBC Mundo que La Habana no ha solicitado asistencia para combatir la enfermedad y agregó que a su juicio el país «tiene la formación técnica, la experiencia y los recursos para combatirlo».

Según el especialista, entrevistado por el corresponsal de BBC Mundo en La Habana, Fernando Ravsberg, el cólera podría haber llegado «desde Haití, República Dominicana o África, lugares desde donde hay gran trasiego de viajeros». Sin embargo, afirma que es necesario estudiar cómo se contaminaron entonces las fuentes de agua.

La última epidemia de la enfermedad en la isla se remonta a fines del Siglo XIX.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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