Los gobiernos entrante y saliente iniciaron ayer de manera formal el traslado de la administración pública estatal, que incluye información sobre gastos y operaciones realizadas durante los últimos cinco años y nueve meses de la gestión del actual gobernador, César Duarte Jáquez.

Lo que faltaría contabilizar en todo ese mar de cuentas es la larga lista de cuentas que deberá cubrir la próxima administración, y que no aparecen en ninguno de los conceptos de deuda o de compromisos financieros del gobierno estatal.

Va el primer ejemplo: el CRIT. Por artículo de ley, el Gobierno del Estado debe entregar cada año una cantidad de dinero equivalente a 8 millones de UDI´s a esa institución, que forma parte de la estructura del grupo Televisa. Al tipo de cambio de hoy, esa cantidad asciende a 43 millones 200 mil pesos que el Gobierno está obligado a entregar a dicha institución.

La conveniencia o no de darle el dinero a Televisa para que otorgue un servicio que es un derecho universal, como es el acceso a la salud, amerita otro artículo. Por lo pronto, el Gobierno del Estado tiene esa obligación.
Otro botón más: la Ley de Víctimas: el Congreso del Estado reformó el artículo transitorio que le daba vigencia a esa ley, de modo que entre en vigor hasta el 1 de enero del 2017, es decir, cuando ya esté en funciones la próxima administración.

Por ese motivo, ésta tendrá la obligación de reservar el 0.3 de su presupuesto para restaurar los daños a las víctimas de actos de gobierno, ya sean torturas policiales, negligencias o daños causados por obras mal hechas. La cuenta ha de ser larga, si tenemos en cuenta la cantidad de denuncias de tortura que ha recibido la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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