La Cámara de Diputados aprobó la integración de la Sección Instructora, una comisión que se encarga de determinar la procedencia de juicios políticos contra funcionarios públicos, a propósito de casos como el de la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

En el caso de la diputada sinaloense vinculada con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, la Procuraduría General de la República (PGR) envió una solicitud de juicio de procedencia —un recurso que da inicio al trámite de desafuero—, por ser investigada por la falsificación de documentos oficiales.
La diputada, que llegó al Congreso local postulada en una coalición entre los Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Sinaloense (PAS), el Partido del Trabajo (PT), pasó de testigo a indiciada por haber falsificado una identificación falsa para visitar al líder de Cártel de Sinaloa en el penal del Altiplano.

Esta comisión, aprobada este jueves, será la encargada de comprobar la conducta o hecho en materia de querella, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado.

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La próxima semana se integrará la subcomisión de Examen Previo, con lo que iniciará el análisis de unas 270 solicitudes de juicio político.

Si se determina que hay argumentos para el juicio de procedencia, el pleno de la Cámara de Diputados habrá de votar si retira o no el fuero que Sánchez tiene como diputada y para que pueda ser procesada judicialmente.

Esta comisión estará compuesta por cuatro legisladores: dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Ramírez y Sandra Méndez; uno del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Pablo Piña; y un diputado del PRD, Omar Ortega.

El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, afirmó que ante cualquier presunción de nexos entre funcionarios públicos y Joaquín El Chapo Guzmán debe abrirse una línea de investigación. “Yo no la descartaría”, dijo a los medios.

“Creo que no se debe agotar ninguna averiguación en ninguno caso. Cualquier funcionario que esté coludido con un capo como es El Chapo tiene que ser investigado y cualquier presunción tiene que ser una línea de investigación”, señaló el panista.

A su vez, la diputada panista Cecilia Romero afirmó que su partido asumirá y pagará los costos políticos por la postulación de la diputada local de Sinaloa.

“Los costos políticos que se tengan que pagar deben de pagarse. Lo más importante es la justicia, la transparencia y la veracidad con la que siempre hemos tratado de conducirnos en el PAN”, dijo en declaraciones a la prensa.

Lucero Sánchez regresó este jueves al Congreso de Sinaloa. Dijo que por ahora no puede dar ninguna declaración del caso, pero “en su momento yo voy a dar una nota”.

El caso Javier Duarte

La semana pasada, diputados del PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron ante la misma Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra el gobernador de extracción priista de Veracruz, Javier Duarte Ochoa.

El PAN dijo en un comunicado que esa denuncia se presentó “a efecto de que se inicie en su contra juicio político, porque es nuestro deber asegurarnos que el desfalco millonario y las constantes violaciones a los derechos humanos de los veracruzanos no queden impunes”.

El vicecoordinador de los diputados del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que su partido va a respaldar todo lo que esté legalmente fundado. “No tiene el propósito de encubrimiento con ningún personaje de la política de ningún partido”, dijo a los medios.

“Vamos a crear esta subcomisión y vamos a desahogar los juicios políticos, porque es la obligación de la Cámara de Diputados, pero tampoco se trata, espero que los demás partidos así lo comprendan, de volverla la ventanilla o el desahogo de las aspiraciones electorales o de las campañas electorales que no funcionen”, concluyó el priista.

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