“La población debe vencer el temor de “cortarle la cabeza al rey”, consideró el activista político Víctor Quintana Silveyra, ante la posibilidad de que la sociedad organice una consulta ciudadana para determinar si se somete o no a un proceso penal, a presidentes y expresidentes vinculados con delitos de corrupción o abuso de poder.
La propuesta fue hecha por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que él no quisiera ser “un verdugo en este tema”, pero que la población debería organizarse y promover una consulta al respecto.
“La postura de López Obrador es tan comprensible como hábil: no quiere él mismo encabezar la acción de promover el juicio contra sus predecesores, porque no quiere aparecer como revanchista”, añadió el académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Consideró que el presidente no quiere aparecer como si se estuviera cobrando por los comprobados fraudes electorales de 2006 y 2012 y la persecución que Carlos Salinas de Gortari le montó durante todo su sexenio.
“Además, al llamar a que sea el pueblo quien decida si se juzga a los expresidentes o no, va a demostrar su gran capacidad de movilización, en contraste con la casi nula convocatoria y gran rechazo a sus predecesores”, afirmó.
Quintana Silveyra manifestó que la sociedad debe animarse, organizarse y solicitar al Congreso de la Unión, que apruebe ya las reformas a la Constitución, para que se pueda juzgar a los presidentes de la república.
Recordó que existe una iniciativa de reforma promovida por el propio presidente López Obrador, en la que contempla la investigación a presidentes o expresidentes que cometan determinados delitos.
Insistió en que los presidentes y expresidentes deben ser llevados ante los tribunales como presuntos responsables de diversos delitos, como ciudadanos comunes y corrientes que son, sin privilegio alguno.
“Este es un proceso que se debe llevar a cabo, para terminar las exequias del antiguo régimen y despejar los obstáculos para que la Cuarta Transformación haga por fin al nuestro, un país donde imperen la justicia y la ley”, agregó.
Dijo que el hecho de que no se haya llevado a ningún expresidente a juicio, es un resabio del presidencialismo que se ha padecido en México, que consagra la impunidad de primeros y ex primeros magistrados.
Refirió que de todos los países de América Latina, sólo en Nicaragua y México no hay la posibilidad de remoción del presidente en funciones, ya que sus textos constitucionales no establecen ningún mecanismo de interrupción del mandato.
Pero en el resto del territorio americano, en lo que va del presente siglo 10 ex presidentes de 7 países han sido investigados o llevados a juicio, entre los que destacan Cristina Fernández, de Argentina; Luis Inácio Lula da Silva y Michel Temer, de Brasil y Ricardo Martinelli, de Panamá.
También están Álvaro Colón, de Guatemala; Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García, del Perú; Rafael Callejas, de Honduras y recientemente, Álvaro Uribe, de Colombia. Los sobornos de Odebrecht están presentes casi en la mitad de ellos.
Sobre presidentes removidos, precisó que solo entre 1992 y 2016, fueron quince los mandatarios removidos de su encargo en nueve países diferentes, la mayoría por delitos vinculados con corrupción.
