Chihuahua, Chih.- El Congreso del Estado de Chihuahua ha propuesto la implementación de operativos de detección y rescate para combatir la explotación laboral infantil, así como aumentar las inspecciones laborales y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes. Esta iniciativa fue enviada al Congreso de la Unión y busca reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco, en representación de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, presentó el dictamen basado en una propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). Según datos del documento, en 2022, alrededor de 3.7 millones de menores de entre 5 y 17 años estaban en situación de trabajo infantil en México, lo que representa el 13.1 por ciento de la población en ese rango de edad. De estos, 2.1 millones realizaban actividades peligrosas y 1.6 millones enfrentaban condiciones nocivas en quehaceres domésticos.

Entre las modificaciones propuestas se incluye la realización de operativos especiales para identificar y rescatar a menores en situación de explotación laboral, especialmente en comunidades indígenas, zonas rurales marginadas y áreas con alta presencia de población migrante. Estas acciones se llevarían a cabo mediante la coordinación de autoridades laborales, procuradurías de protección de la niñez y, cuando sea necesario, corporaciones de seguridad pública e instancias migratorias.

Además, se plantea intensificar las inspecciones laborales con visitas periódicas y sorpresivas en sectores donde se registre mayor incidencia de trabajo infantil, facilitando la aplicación de sanciones por incumplimientos a la legislación vigente. También se proponen medidas específicas para proteger a menores migrantes víctimas de explotación, sugiriendo que aquellos que se encuentren sin acompañamiento o separados de sus familias no sean detenidos por motivos migratorios al ser localizados trabajando, sino que sean canalizados a instituciones de asistencia y protección.

La iniciativa busca fortalecer la colaboración entre las autoridades educativas, laborales, migratorias, de seguridad pública y de protección de la infancia para brindar atención integral a las víctimas. Además, se contempla que las instituciones policiales participen activamente en los operativos de inspección y rescate, y que se considere una falta grave la omisión intencional de servidores públicos que no informen o actúen al detectar posibles casos de explotación laboral infantil.

La propuesta ha sido remitida al Congreso de la Unión, donde se analizarán las reformas planteadas a las leyes federales.