Esta semana el área penal de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en coordinación con el Ministerio Público de la Fiscalía General de Chihuahua lograron una sentencia condenatoria en contra de Maricruz L.O., quien fuera parte de la red de corrupción implementada en la ASE entre los años 2015 y 2016, por un grupo de directivos que desviaron para lo menos 5 millones de pesos mediante la simulación de cursos y servicios varios.

La ahora sentenciada, esposa de un exdirectivo, participó como intermediaria para triangular el recurso desviado de la ASE, para recibirlo en sus cuentas y luego hacerlo llegar a las cuentas de otros cuatro directivos y familiares de directivos de la institución.

Entre diciembre del 2015 y enero del 2016 se hizo la contratación de la empresa Baupre Networks para la realización de un curso de capacitación al personal de la ASE, así como la elaboración de un plan anual de auditoría y la elaboración e implementación de un plan de presupuesto basado en resultados.

Los servicios descritos nunca fueron prestados, por lo cual al detectarse las irregularidades se inició la investigación interna y posteriormente, la nueva administración de la ASE presentó la denuncia penal ante el MP.

La investigación arrojó que una vez que el dinero se depositó en la cuenta de Baupre Networks fue transferido a otras dos empresas con domicilio en la ciudad de Puebla, denominadas Kabi Global Mark y Smart Building, para luego ser transferido a la cuenta de la sentenciada Maricruz L.O., quien hizo una nueva distribución del dinero entre las cuentas de 5 exdirectivos de la ASE y una familiar de uno de ellos.

De acuerdo con la investigación ella fue una pieza fundamental para la triangulación del dinero y la consumación del hecho, por el cual fue juzgada y sentenciada este pasado miércoles 30 de junio mediante un procedimiento abreviado en el que se le ordenó la reparación del daño, multa y una pena de prisión de tres años bajo el beneficio de la condena condicional.

Cabe destacar que esta denuncia se presentó por la misma Auditoría Superior del Estado en abril del 2019, una vez iniciada la gestión del nuevo Auditor Superior Héctor Acosta Félix y para lo cual el área penal de la ASE a cargo del abogado Esaú Sánchez se constituyó como representante legal, participado así de cada una de las etapas del proceso que culminó con la obtención de la condena.

Este caso es sustancial para la resolución de otros similares y pendientes de sentenciar que forma parte de un total de 17 denuncias promovidas por la ASE por el desvío de recursos de sus arcas y en las cuales figuran de manera constante al menos cinco de exfuncionarios que se encargaban de la contratación de empresas que simulaban la prestación de servicios para posteriormente hacer llegar el dinero a las cuentas de los ahora ex directivos de la Auditoría Superior.

Con esta sentencia, derivado de denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado, suman ya un total de seis resoluciones condenatorias logradas y la recuperación de 7 millones 881 mil 869.40 pesos que fueron reintegrados a las arcas públicas.

Entre las obtenidas, está una el pasado 5 de marzo de 2021 en contra de quien fuera titular de la dirección de recursos materiales de esta misma institución, Armando Q.P. por la contratación de la empresa Phi Legal y Administración, S.C. para la impartición de un curso de capacitación y un seminario de Auditoría Forense, cuyos servicios nunca fueron prestados y por los cuales se pagó la cantidad de 841 mil pesos. En este caso, la pena impuesta por el juez fue la reparación y tres años de prisión con el beneficio de condena condicional.

Así mismo por otro hecho similar, el pasado 20 de enero del 2021 la autoridad judicial ordenó al particular Germaín L. C., la reparación del daño por la cantidad de un millón 566 mil pesos, al haber participado en la simulación de la contratación de servicios profesionales para la Auditoría Superior del Estado por la persona moral Kepler Soluciones Integrales SC.

Otra de las sentencias que se obtuvo en enero del 2020 por denuncia formulada por la Auditoría Superior del Estado, fue por el desvió 252 mil pesos que debían haber sido entregados como apoyo económico a 46 alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. En este caso la sentencia del juez condenó a la entonces coordinadora de becas de la UTCH, Eunice GP por delito de peculado agravado a la reparación total del daño, multa y condena condicional por tres años.