Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que la determinación de prisión preventiva contra Rosario Robles sea parte de una venganza política contra la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

“Por lo que corresponde al ejecutivo, no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno. Eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral (…) No se denuncia a nadie por consigna política”.
Ante ello, el mandatario reiteró que las decisiones de la Fiscalía General de la República (FGR) y, eventualmente, del Poder Judicial son autónomas y deben respetarse.

No obstante, hizo un llamado a investigar y sancionar al juez en caso de comprobarse que actuó por consigna; asimismo, recomendó la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos, si se hallara violación a los derechos.

“(La Fiscalía) es un poder autónomo y luego el poder judicial. (…) En el caso de Rosario Robles, es un asunto de poder judicial, es el que resuelve. Y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería de ser sancionado. Porque los jueces tienen que actuar con autonomía”, aseveró durante su conferencia matutina.

Este martes, tras una audiencia de casi tres horas, el juez, Ganther Alejandro Villar Ceballos, determinó que la inculpada continuaría su proceso en prisión preventiva, ante un alto riesgo de fuga, argumentó; cabe resaltar que la ex titular se ha mantenido en dicho status desde hace dos años.

Al respecto, su defensa legal, Epigmenio Mendieta, declaró al salir de la audiencia en el Reclusorio Preventivo Sur que luego de hablar con su cliente decidieron que impugnarán mediante apelación.

Asimismo, sostuvo que era insostenible la prisión preventiva, ya que los fiscales habían sostenido esa medida bajo evidencias falsas, como licencias de conducir con diferentes direcciones y con las cuales se dudaba del domicilio de la acusada.

Por su parte, Mariana Moguel Robles, hija de Robles, acusó que los argumentos del juez fueron “desproporcionados y alejados de la justicia”, de ahí que declaró:

“Hoy volvemos a ver que una mujer inocente regresa a prisión y yo lo único que pido es piso parejo. Recurriremos a todo lo que sea necesario, tanto legalmente como alzando nuestra voz, para que mi madre tenga el derecho de llevar el proceso en libertad”.
De acuerdo con Mendieta, cuando Rosario Robles hizo uso de la palabra solicitó al juez Villar Ceballos que se le dé un trato igual, haciendo alusión al caso de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), condenado a libertad condicional por participar en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

La Estafa maestra fue un mecanismo para otorgar contratos a universidades y empresas fantasmas, las cuales se encargarían de ejecutar obras y servicios referentes a programas sociales, pero en realidad, el dinero habría sido triangulado para financiar campañas electorales.

Robles Berlanga había ofrecido colaborar luego de múltiples presiones, delatar a supuestos cómplices y obtener un castigo menos severo, pero retiró la oferta porque el acuerdo incluía que reparara el daño al erario público calculado en poco más de 5 mil millones de pesos.

Fue arrestada el 13 de agosto del 2019, con lo cual lleva más de dos años privada de su libertad, en tanto se amplían las investigaciones. Unos cinco días antes de aquella detención, había acudido a comparecer por voluntad, pues dijo que no tenía nada qué esconder y prepararía su defensa.

Otros ex colaboradores están bajo proceso, unos presos y algunos implicados más se mantienen prófugos, pero ella es la funcionaria de más alto nivel que ha sido detenida por este caso.