El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó este viernes 8 de mayo al canciller Marcelo Ebrard a enviar una nota diplomática al Departamento de Estado de los Estados Unidos, para solicitar una explicación por el operativo “Rápido y Furioso” que se llevó a cabo durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Queremos informe sobre este caso, que informe el Departamento de Justicia”, dijo el presidente en su tradicional conferencia de prensa, luego de que la víspera el ex presidente Calderón aceptó públicamente que nunca tuvo conocimiento del operativo estadounidense por el cual se introdujeron a México miles de armas de forma ilegal por la frontera norte.

“Queremos saber porque viola tajantemente, y las leyes internacionales, ¿y qué, nos quedamos callados? esto lo tenemos que ver, no solo a partir lo que sucedió, sino pensando en aquel tiempo, lo tenemos que ventilar para que nunca jamás se vuelva a llevar a cabo una acción de este tipo”, agregó López Obrador.

El mandatario mexicano recordó que tiene una relación amistosa con el su homólogo Donald Trump, pero sugirió que debería haber una disculpa de Estados Unidos a México por el suceso.

“… una disculpa, era otro el presidente, pero a final de cuentas es el gobierno de EEUU quien tiene que explicar esta situación, como nosotros tendríamos que hacerlo si hubiésemos hecho algo parecido de EEUU”, agregó.

Calderón fue cuestionado desde la “mañanera” el jueves sobre su participación en el operativo cuando el cuestionado Genaro García Luna era secretario de Seguridad.

“La llamada operación ‘Rápido y Furioso’ fue un operativo secreto cuyo implementación y resultados fueron revelados a agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados por sus autores en el Departamento de Justicia”, estableció en un tuit el ex presidente.

El michoacano reiteró que la implementación de ese operativo estadounidense nunca se trató entre los titulares de los mandatarios de cada país. “En ningún momento el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia judicial americana fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión y menos de acuerdo entre oficinas presidenciales”, afirmó.

Más temprano el jueves, López Obrador había cuestionado a su predecesor.

“Vamos a dejar la respuesta, se las dejamos a los mexicanos, después yo doy mi opinión, pero es muy claro lo que está sucediendo, vamos a esperar a que termine el juicio del señor Genaro García Luna, porque seguramente va a declarar, tiene que dar a conocer si actuó solo o había relación de complicidad, y también tiene que decir quienes actuaban con él», indicó el mandatario mexicano.

López Obrador insistió en que se debería de llamar a declarar también a funcionarios del gobierno de Estados Unidos, ya que durante la gestión de Calderón, cuando García Luna fue secretario de Seguridad Pública, se realizaron acuerdos de cooperación entre ambas naciones como el desastroso operativo “Rápido y Furioso”.

“Rápido y Furioso”: el fallido operativo que desató la crisis del tráfico de armas entre México y EEUU

Entre 2006 y 2011, el fallido operativo “Rápido y Furioso”, implementado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos introdujo más de 2,000 armas a México con chip para vender a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera con el objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento, esperando identificar a los responsables del tráfico de armas que posteriormente irían a dar a manos de narcotraficantes.

La ATF permitió que 2,500 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México, donde grupos de narcotraficantes fuertemente armados combaten entre ellos y con autoridades por el control de las calles desde hace varios años.

Este episodio histórico de la relación bilateral en materia de seguridad, dejó de manifiesto la vulnerabilidad en cuanto al control de la venta y distribución de armamento y las consecuencias que esto puede conllevar para la sociedad civil tanto mexicana como estadounidense.

El escándalo estalló debido al hallazgo de dos rifles de asalto comprados por una persona que ahora está presa y que fueron utilizadas en un tiroteo donde murió Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, en diciembre de 2010 cerca de la línea entre Arizona y México.

Además, el 15 de febrero de 2011, fue asesinado en una carretera de San Luis Potosí, México, el agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estadounidense, Jaime Zapata. Se trasladaba del entonces Distrito Federal a la ciudad de Monterrey. Mientras su compañero Víctor Ávila resultó gravemente herido: Se comprobó que Zapata había muerto por disparos hechos con un arma de “Rápido y Furioso”.

Lanny Breuer, funcionario del Departamento de justicia de Estados Unidos, informó a investigadores legislativos que la ATF había permitido el ingreso a México de miles de armas adquiridas ilícitamente en la operación, la cual era una polémica táctica llamada: dejar que caminen las armas.

Este episodio desató un enfrentamiento entre el congreso y el Poder Ejecutivo estadounidense acerca de documentos requeridos por los legisladores en sus investigaciones sobre la acción de un presidente.

Tras más de un año de investigaciones, Darrel Issa inició el proceso de desacato en contra de Holder por el supuesto rechazo a cooperar en la investigación del fallido operativo.

El Comité de Supervisión acusó al Departamento de Justicia estadounidense de mentir sobre “Rápido y Furioso”, luego de que descubrió la autorización de seis operativos de intervención telefónica.

La Casa Blanca calificó como “espectáculo político” la propuesta republicana en el Congreso para declarar en desacato a Eric Holder. Mientras el procurador rechazó cualquier posibilidad de renunciar al cargo para evadir la entrega de documentos.

En junio de 2012, el presidente Barack Obama utilizó, por primera vez en su mandato, el llamado ‘privilegio ejecutivo’ para impedir que el fiscal Holder entregara una serie de documentos sobre “Rápido y Furioso” a la comisión de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, que investigó el fallido operativo.

En 2016, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia calificó que la operación fue supervisada de manera irresponsable. Sostuvo que tanto la oficina local de la ATF, como los fiscales federales, “fracasaron en considerar adecuadamente los riesgos para la seguridad pública de Estados Unidos y México”.

Además, siguieron apareciendo armas vinculadas a “Rápido y Furioso” en decomisos que realiza el gobierno mexicano a la delincuencia organizada como el aseguramiento de al menos 500 armas en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, procedentes de ese operativo.

Fuente: Infobae