El opaco manejo de su gobierno ha convertido al mandatario de Chihuahua en uno de los más cuestionados del país. A unos días de que termine su administración, el gobernador busca blindarse para evitar que se le finquen cargos por irregularidades en su gestión

Por Imelda García (Reporte Índigo)

• Segundo a Segundo reproduce en su totalidad el Reportaje con permiso de su autor y la revista nacional.

El paso de César Duarte por el gobierno de Chihuahua no será olvidado fácilmente por los ciudadanos de ese estado.

Con escándalos que van desde la supuesta inversión en un banco propio, hasta el cambio legal para que sus deudas sean pagadas por el gobierno electo, Duarte se ha convertido en uno de los mandatarios más cuestionados del país.

Como en pocos estados de México, el opaco ejercicio de su gobierno ha provocado que la sociedad civil se organice y realice manifestaciones en su contra.

Aunque no sólo se han limitado a eso. La labor de los ciudadanos en Chihuahua ha dado como fruto algunas investigaciones contra Duarte, quien busca blindarse antes de que el nuevo gobierno, encabezado por el panista electo Javier Corral, lo llame a cuentas.

Los últimos días de su administración, el mandatario los pasará intentando prevenir que se le finquen cargos por alguna irregularidad cometida en su gobierno.

La amenaza ha sido abierta. El gobernador electo, Javier Corral, ha dicho que no dudará enviar a Duarte a prisión si se le comprueba algún delito.

Y ya puso manos a la obra. En días pasados, el mandatario electo lanzó un sitio web para recabar pruebas contra Duarte, ante los rumores de que en las oficinas estatales ya se están destruyendo documentos comprometedores de la administración duartista.

La deuda, a Corral

Ya en previsión para blindarse contra futuras “invitaciones” a saldar cuentas, el gobernador César Duarte Jáquez logró que el Congreso estatal no pusiera en marcha la disposición legal para que tuviera la obligación de pagar la deuda de la entidad, tres meses antes de dejar la administración estatal.

El primer antecedente se ubica en la reforma constitucional aprobada a nivel federal en mayo del 2015, sobre la deuda de estados y municipios.

Uno de los cambios que se realizó fue establecer el mandato de que los gobernantes deben liquidar las obligaciones de corto plazo, tres meses antes de que concluya su administración; además de que prohíbe adquirir más deuda.

La reforma determinaba que la ley reglamentaria debía expedirse 180 días después de realizado el cambio constitucional.

El Congreso de Chihuahua añadió entonces el cambio a la Constitución local y la ley reglamentaria fue aprobada hasta el 27 de abril del 2016.

El 13 de junio pasado, ocho días después de que el PRI perdiera la elección, Duarte envió una iniciativa para que el último párrafo de esa ley, donde se establece la obligación del pago de deudas, entre en vigor en 180 días.

Los 180 días para la entrada en vigencia comenzarían a contar desde ese momento; la fecha se alcanza el 24 de octubre, 20 días después de que Duarte deje la gubernatura.

La disposición se aprobó con votos de diputados locales del PRI, el PVEM, el PT, el PRD, Nueva Alianza y el partido local Movimiento Alianza Ciudadana.

Una vez que pasó en el Congreso local, la organización Alianza Ciudadana por Chihuahua lanzó una campaña en redes sociales para pedir cuentas a los diputados que apoyaron el cambio.

A la campaña para “fichar” a los diputados locales se unió el PAN, partido que se opuso a la reforma.

De no haberse aprobado el plazo legal, Duarte debía pagar los pasivos de su entidad antes del 5 de julio; de no hacerlo, se hubiera considerado un delito.

Pasivos a la alza

La deuda de la entidad ha aumentado exponencialmente en los últimos años.

En el 2010, cuando Duarte tomó las riendas del gobierno, el estado estaba endeudado por 12 mil 247 millones de pesos; para el 2015, la deuda ya se encontraba en 42 mil 762 millones de pesos.

Esto representa un aumento del 240 por ciento; y van por más.

Una vez lograda la dilación de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en materia de deuda, César Duarte también pretende adquirir más deuda para su entidad.

Apenas días después de la elección del 5 de junio, el gobernador pretendió contratar dos nuevos créditos por 6 mil millones de pesos, por medio de la emisión de bonos bursátiles y tratos con la banca privada.

La garantía serían los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

El gobernador electo, Javier Corral, ejerció presión y se logró frenar la intentona.

Sin embargo, la intención del gobernador no ha cesado. Diputados locales del PAN han expresado su sospecha de que el gobierno estatal busca bursatilizar recursos provenientes de las cuotas de las autopistas.

¿De gobernador a banquero?

En septiembre del 2014, el ciudadano Jaime García Chávez presentó una denuncia contra el mandatario por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades y los que resulten.

Esto, debido a que según información en su poder, el mandatario habría adquirido el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua, organización creada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

García Chávez denunció que Duarte y su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, crearon el Fideicomiso 744743, de Administración e Inversión, con una aportación de 65 millones de pesos.

La inversión quedó formalizada en noviembre del 2012 ante un notario público.

En su denuncia, el activista explicó que la intención de la inversión fue comprar acciones del Banco Progreso de Chihuahua y que los inversionistas señalaron, bajo protesta de decir verdad, que los recursos fueron de procedencia lícita y actividades propias.

La protesta de decir verdad era la única petición que se tenía para los inversionistas, ya que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue publicada en octubre del 2012, pero entró en vigor hasta julio del 2013.

El origen de los recursos, sostuvo García Chávez, no se encontraba plenamente esclarecido, pues pareciera que el gobernador no tenía la capacidad económica suficiente para realizar una inversión de ese tamaño.

“Se desconoce cuál era su patrimonio (de Duarte) antes de iniciar su función gubernamental, el cual es necesario conocer dado que las actividades anteriores e inmediatas que se le conocen es como vendedor de autos usados, dirigente estatal de la CNC, diputado local dos años y diputado federal dos ocasiones, y los ingresos que con motivo de su cargo de gobernador a partir de septiembre del 2010, salvo prueba en contrario, no llegan a constituir la cantidad de dinero fideicomitida (sesenta y cinco millones de pesos)”, sostuvo el activista en su denuncia.

La acusación llegó hasta el Senado, donde el principal adversario de César Duarte, Javier Corral, le recriminó su presunto enriquecimiento ilícito.

La denuncia abarcó no solo al gobernador, sino a Gerardo Hermosillo Artega, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento; y Jaime Herrera Corral, secretario de Hacienda estatal.

El capital total del Banco fue de 694 millones de pesos; la conformación de la institución bancaria fue resultado de la fusión de Unión de Crédito Progreso; Akala; Sociedad Financiera Popular; y Única Casa de Cambio.

Javier Corral denunció que el Banco Progreso de Chihuahua recibió depósitos del Gobierno del estado a bajísimas tasas de interés, por 834 millones de pesos.

“Fondeo que, por cierto, sirvió para que Banco Unión Progreso adquiriera un crédito de grupo financiero Scotiabank Inverlat que, ni más ni menos, tenía contra el adeudo del propietario del Hotel Soberano, inmueble del que tanto se dijo había sido adquirido por el gobernador”, escribió Corral en noviembre del 2014.

Meses después, Herrera Corral, secretario estatal, admitió ser socio del Banco pero dijo que ese hecho no significaba un conflicto de interés porque él no era parte del cuerpo directivo del banco.

El gobernador César Duarte ha negado que sea dueño del Banco Progreso; ha justificado su intervención diciendo que intentó salvar a más de 100 mil ahorradores y 3 mil inversionistas de Unión Progreso, para que no perdieran su patrimonio.

“Tengo defectos, soy humano, pero lo que se ha dicho son mentiras, con una perversidad que a veces me da risa, como decir que soy dueño de un banco”, dijo en una entrevista con El Heraldo de Chihuahua en noviembre del 2014.

En diversas entrevistas con medios locales, el mandatario ha dicho que su negocio de venta de autos usados fue muy próspero en los años 80 y 90, además de que posee un permiso para la exportación de ganado.

Duarte también ha sido señalado de tener en su propiedad el Hotel Soberano, en el centro de Chihuahua, a donde se dice que son enviados los empleados gubernamentales de otras partes del estado cuando deben hacer diligencias en la capital.

Polémica, la constante

Desde su comienzo, el gobierno de César Duarte siempre se vio acompañado de polémica.

A su toma de protesta, el 4 de octubre del 2010, acudieron varios mandatarios estatales que después también serían señalados por su forma de ejercer el servicio público.

Fue el caso de Humberto Moreira, entonces gobernador de Coahuila; y Ulises Ruiz, de Oaxaca.

En esa ocasión acompañaron también a Duarte el entonces gobernador del Estado de México y hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto; y quien era mandatario de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong.

Ante ellos, Duarte se comprometió ese día a mejorar las condiciones del estado y combatir la inseguridad que había prevalecido en la zona norte de la entidad.

Ciudad Juárez era ya la ciudad número uno de feminicidios en el país; el enfrentamiento entre grupos del narcotráfico ya había cobrado la vida de cientos de personas en esa comunidad.

Apenas dos meses después de tomar posesión como gobernador, un hecho sacudió a su administración.

El 16 de diciembre del 2010, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, fue asesinada Marisela Escobedo, una madre que buscaba justicia para el homicidio de su hija Rubí Frayre, quien había sido asesinada por su pareja sentimental y cuyo atacante fue puesto en libertad por un tribunal.

Aunque el gobierno de Duarte comenzó un juicio político contra los tres jueces que liberaron al atacante de Frayre –que renunciaron al Poder Judicial antes de que se concretara el procedimiento-, el gobernador chihuahuense fue cuestionado por no haber otorgado la seguridad necesaria a Marisela Escobedo, omisión que terminó con su vida.

¿Rendición de cuentas?

Decir que Javier Corral ganó la gubernatura de Chihuahua implica no solo que haya sido recuperada por el PAN, sino que el sucesor de César Duarte será su principal adversario político.

En los años que Duarte ha ocupado la gubernatura, Corral ha criticado y denunciado sus acciones hasta en la tribuna del Congreso de la Unión.

Ahora, al ganar el Gobierno estatal, una de las metas de Corral es que Duarte y los miembros de su gobierno que cometieron irregularidades, sean castigados.

“Es el mensaje claro y contundente de que los mexicanos y los chihuahuenses detestamos un gobierno corrupto y corruptor; que los mexicanos no queremos y mucho menos nos merecemos un sistema político fincado en la colusión, la mezquindad y el patrimonialismo.

“Es la afirmación de que la corrupción no es nuestra cultura. El lugar de los ladrones no es el gobierno, es la cárcel (…) (la ciudadanía) está ordenando la redignificación y remoralización de la vida pública”, sentenció Corral cuando festejó su triunfo con los panistas.

Dos semanas después de ganada la elección, el gobernador electo lanzó el sitiowww.denunciachihuahua.mx para que los ciudadanos manden pruebas contra cualquier miembro del gobierno estatal.

“Atendiendo a los rumores de la destrucción de papelería dentro de la Administración actual que encabeza el gobernador César Duarte, lanzo este formato digital con la finalidad de que empleados del Gobierno y ciudadanos puedan hacer denuncias anónimas sobre irregularidades, manejos indebidos y actos de corrupción en dependencias estatales”, afirmó Corral en un comunicado.

La plataforma digital recibe archivos de todo tipo que sirvan para denunciar actos indebidos y, además, los denunciantes pueden dar seguimiento a su caso.