La cuenta regresiva para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pruebe que el expresidente Enrique Peña Nieto y miembros de su gabinete conformaron una red de corrupción en la que él fue utilizado y con la que se perpetraron varios delitos, ha comenzado.

En un plazo de seis meses, como máximo, deberá denunciar, declarar y entregar evidencia suficiente que le permita a la Fiscalía General de la República (FGR) construir acusaciones en contra los integrantes de esta presunta red de corrupción tejida – según los abogados de Lozoya – en los “mas altos niveles de gobierno” en el sexenio pasado.

De no conseguirlo, será Lozoya quien sea acusado y llevado a juicio por los presuntos sobornos de más de diez millones de dólares que recibió de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México antes y durante su paso como director de Petróleos Mexicanos.

Lo anterior luego de que un juez federal determinó que había evidencia inicial suficiente para vincularlo a proceso por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en los referidos casos, y ordenó un plazo de medio año para que concluyan las investigaciones antes de llegar al juicio.

En dicho periodo, los fiscales de FGR deben reunir la evidencia que permita cerrar la acusación en contra del exdirector de Pemex y buscar una condena. El mismo lapso podría ser aprovechado por el exfuncionario de Peña Nieto para reunir elementos en su defensa y probar ante el juez su inocencia.

Pero el plan de Lozoya es otro. Su objetivo es obtener el perdón de la Fiscalía antes de llegar al juicio. La vía para ello es la obtención de lo que la ley denomina criterio de oportunidad, que consiste en denunciar y aportar información de la comisión de un delito más grave que el que se le imputa.