Política

Luisa María Alcalde y su trayectoria política sin elecciones directas

Luisa María Alcalde Luján, actual titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, ha tenido una carrera meteórica en la vida pública de México, pero aún enfrenta el desafío de demostrar su valía en las urnas. A pesar de haber sido dos veces secretaria de Estado y exdirigente del partido en el poder, su ingreso a la Cámara de Diputados se dio a través de una lista plurinominal, un método que ella misma criticó cuando ocupaba la dirigencia nacional de Morena.

En el verano de 2025, Alcalde promovió una reforma electoral que buscaba eliminar a los legisladores de representación proporcional, a quienes ella misma pertenecía. En ese contexto, expresó su desacuerdo con las listas plurinominales, argumentando que “la gente no está de acuerdo con que haya una lista de gente privilegiada, definida por los dirigentes que no salen a territorio, que no pide el voto. Son listas que se utilizan para encubrir actos de corrupción”.

Su carrera política comenzó hace 14 años, cuando fue electa a la Cámara de Diputados por la cuarta circunscripción electoral, donde ocupó el primer lugar en la lista plurinominal de Movimiento Ciudadano. Este ascenso se dio a instancias de Andrés Manuel López Obrador, quien, en su calidad de candidato presidencial del PRD, hizo un acuerdo con Dante Delgado, líder de MC, para que Bertha Luján Uranga, extesorera del gobierno capitalino, obtuviera una curul. Sin embargo, dado que Luján no tenía su domicilio electoral en la Ciudad de México, López Obrador propuso que su hija, Luisa María, asumiera el cargo.

A pesar de su trayectoria y de haber ocupado puestos relevantes en el gobierno, la falta de una elección directa plantea interrogantes sobre su legitimidad y conexión con la ciudadanía. La crítica hacia las listas plurinominales y su propia historia en este sistema electoral generan un contraste que podría influir en su futuro político. La prueba de las urnas sigue siendo un reto pendiente para Alcalde, quien deberá enfrentar el escrutinio público en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son cada vez más exigidas por la sociedad.

Política

Iniciativa para proteger derechos de jubilados en México

El diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de salvaguardar los derechos adquiridos de las personas jubiladas y pensionadas. Esta propuesta busca frenar la reducción retroactiva de las pensiones ya otorgadas, asegurando que los topes a las percepciones se apliquen únicamente hacia el futuro.

La reforma también pretende modificar el régimen transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026, para garantizar que las pensiones otorgadas anteriormente mantengan los términos, montos y condiciones bajo los cuales fueron reconocidas. Domínguez argumenta que la aplicación retroactiva de límites a las retribuciones sobre derechos consolidados vulnera el principio de irretroactividad de la ley, establecido en el artículo 14 constitucional, así como los principios de seguridad jurídica y protección reforzada a los adultos mayores.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) subrayó que las jubilaciones no deben considerarse privilegios otorgados de manera discrecional por el Estado, sino el resultado de años de trabajo y aportaciones de los ciudadanos al servicio público. “Modificar unilateralmente esas condiciones invalida la certeza jurídica sobre la cual miles de familias organizaron su retiro”, enfatizó.

Domínguez también destacó que la reforma de abril de 2026 presenta contradicciones internas y genera exclusiones desproporcionadas al proteger regímenes especiales o aportaciones voluntarias y sindicales, mientras deja desprotegidos a quienes ya habían obtenido legítimamente su derecho al retiro.

La iniciativa no solo establece que la ley debe aplicarse hacia el futuro, sino que también incluye un artículo transitorio que obliga a los entes públicos a restituir, en un plazo no mayor a 90 días naturales, las cantidades que hayan sido descontadas o ajustadas de manera indebida a los pensionados tras la reforma anterior. Con esta propuesta, se busca garantizar la protección de los derechos de los jubilados y pensionados en México.