Dinero
Magnicharters en quiebra; inicia liquidación de activos
El 4 de noviembre de 2026, Magnicharters fue declarada oficialmente en quiebra por una jueza federal, tras más de seis meses de haber suspendido sus operaciones, dejando a miles de pasajeros sin vuelos ni servicios turísticos contratados. Esta declaración abre la etapa de liquidación de activos de la aerolínea, con el objetivo de intentar cubrir las deudas acumuladas con trabajadores, clientes y otros acreedores.
La resolución fue emitida por la titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, quien aceptó la solicitud presentada por Grupo Aéreo Monterrey, propiedad de los hermanos Bojórquez Maza, debido al incumplimiento generalizado de las obligaciones financieras de la compañía.
Como parte de la sentencia, se ordenó que un síndico designado inicie las diligencias necesarias para inventariar y tomar posesión de los bienes de Magnicharters. Esto incluye documentos contables, archivos electrónicos, dinero en caja y otros activos que se encuentren bajo su resguardo o en poder de terceros. Estos bienes podrán ser administrados y, si es necesario, vendidos para cubrir los compromisos pendientes.
La declaración de quiebra se produce tras la denuncia de un grupo de 91 agentes de viajes independientes que, el 30 de junio, anunciaron su intención de emprender acciones legales contra los propietarios de Magnicharters por un probable delito de fraude. Los afectados reclamaban la devolución de 12 millones 481 mil pesos, correspondientes a paquetes turísticos que incluían vuelos, hospedaje y traslados que nunca se concretaron.
Los pasivos de Magnicharters se estiman en alrededor de 800 millones de pesos, que incluyen deudas con trabajadores, pasajeros y otros acreedores. Entre las obligaciones financieras se destacan aproximadamente 161 millones de pesos por compromisos laborales, cerca de 150 millones con agencias de viajes y 80 millones con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por servicios aeroportuarios y arrendamiento de hangares.
A pesar de que la quiebra abre un procedimiento para identificar y liquidar los bienes de la empresa, aún queda por determinar cuánto dinero podrá recuperarse y qué proporción corresponderá a cada uno de los acreedores. Para los pasajeros y agentes de viajes que han denunciado a la aerolínea, esta resolución judicial representa un nuevo capítulo en la disputa por la recuperación de sus fondos.
Dinero
Delincuencia costó 115,100 mdp a empresas en México durante 2025
El costo total de la inseguridad y el delito para las empresas en México durante el año 2025 alcanzó un monto estimado de 115,100 millones de pesos, lo que representa el 0.46% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este monto es inferior a los 124,300 millones de pesos reportados en 2023, aunque el cambio no es estadísticamente significativo según el Inegi.
Las medidas preventivas adoptadas por los negocios, tales como la instalación de cámaras de seguridad, cerraduras y la contratación de seguridad privada, constituyeron el 51.2% del costo total, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026. El costo promedio del delito por negocio, considerando tanto el gasto en medidas de protección como las pérdidas ocasionadas por delitos, se estimó en 44,560 pesos.
El sector industrial y las empresas de mayor tamaño fueron las que incurrieron en los gastos más elevados relacionados con la delincuencia. Durante 2025, se registró que el 91.8% de los delitos no fueron denunciados o no se abrió una carpeta de investigación, lo que equivale a aproximadamente 2.8 millones de delitos de un total de 3 millones ocurridos. Aunque este porcentaje es inferior al 90.3% reportado en 2023, el Inegi aclara que tampoco se trata de un cambio estadísticamente significativo.
Entre las razones más comunes por las cuales los establecimientos optaron por no denunciar los delitos ante las autoridades, se destacan factores atribuibles a la autoridad, que representaron el 58.9% de los casos. Estas razones incluyen el miedo a la extorsión, la percepción de que el proceso es una pérdida de tiempo, la dificultad de los trámites, la desconfianza hacia las autoridades y malas experiencias previas. Además, el 35.3% de los encuestados mencionó la pérdida de tiempo como una razón para no denunciar, mientras que un 40.3% citó otras causas, como el miedo al agresor, la consideración de que el delito era de poca importancia o la falta de pruebas.
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