El Congreso de España ha rechazado una serie de medidas destinadas a abordar la crisis de vivienda en el país, lo que representa una derrota significativa para el gobierno de Pedro Sánchez y aumenta la presión sobre él para convocar elecciones anticipadas. Los legisladores votaron en contra de dos decretos presentados por el gobierno en respuesta a las protestas a nivel nacional que surgieron tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, de su hogar. Los decretos, que introducían iniciativas para proteger a los inquilinos en el mercado de alquiler, necesitaban aprobación parlamentaria para mantenerse vigentes. El primer decreto fue rechazado por 178 votos en contra y 172 a favor, mientras que el segundo fue desestimado con 184 votos en contra y 166 a favor. Durante el debate, cientos de manifestantes se congregaron afuera del Congreso, donde se vivieron momentos de tensión. Los protestantes corearon consignas como "vergüenza para ustedes" y "sus ganancias, nuestra miseria" tras conocerse los resultados de la votación. La derrota del gobierno resalta que Sánchez, del Partido Socialista, no cuenta con una mayoría en el Congreso, lo que ha avivado las especulaciones sobre la posibilidad de que convoque elecciones generales anticipadas, que estaban programadas para el próximo verano. Fuentes de medios españoles informaron que el gobierno pasaría el fin de semana evaluando sus próximos pasos y considerando la disolución del parlamento. El gobierno de Sánchez ya se encontraba en medio de una serie de escándalos y casos judiciales que afectan a su partido y a sus aliados cercanos. Maricarmen Abascal fue desalojada de su departamento después de no poder hacer frente a un fuerte aumento del alquiler impuesto por Urbagestión, la empresa propietaria de su vivienda en el centro de Madrid. La situación provocó que cientos de manifestantes se reunieran para oponerse al desalojo la semana pasada, lo que desencadenó un movimiento más amplio en todo el país que exige alquileres asequibles, los cuales han aumentado considerablemente en los últimos años. La reacción social llevó a Urbagestión a negociar el regreso de Abascal a su departamento con un alquiler reducido. Sin embargo, las protestas continúan, con personas ocupando plazas en Madrid y otras ciudades, instalando tiendas de campaña y con una serie de marchas programadas para este fin de semana. El desalojo de Abascal ha desatado protestas que exigen el fin de la crisis de vivienda. La asociación activista Sindicato de Inquilinas, que ha coordinado las protestas, anunció durante el debate en el Congreso que abandonaría la protesta en tiendas de campaña en el centro de Madrid, buscando llevar la lucha a todos los barrios y hogares de la ciudad, donde se producen aumentos de alquiler, desalojos y abusos diariamente. Los manifestantes también están pidiendo una huelga general en respuesta a la crisis de vivienda. El gobierno de coalición de izquierda respondió a la indignación social elaborando rápidamente los dos decretos en un intento por desactivar las protestas. El primer decreto incluía la suspensión de desalojos de inquilinos vulnerables hasta 2030, una extensión de dos años para los contratos de alquiler que vencen antes de 2028, aumentos de impuestos para apartamentos turísticos y restricciones a la compra de propiedades residenciales por parte de lo que el gobierno denomina "fondos buitre". El segundo decreto fue más controvertido, ya que incluía la renovación automática de contratos de alquiler, una demanda importante de muchos sectores de la izquierda y del Sindicato de Inquilinas.