El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común de Chihuahua, Jesús Carrillo Castillo, ha declarado que el convenio propuesto por el Gobierno Federal para incorporar al estado al esquema de pensión universal para personas con discapacidad es financieramente inviable. Esta afirmación surge tras una manifestación realizada el jueves por integrantes de una organización que ha solicitado en diversas ocasiones que Chihuahua se adhiera a este programa federal.

Carrillo Castillo explicó que la postura de la administración estatal se mantiene firme, ya que considera que el esquema de aportaciones compartidas entre la Federación y el Estado comprometería recursos destinados a otros programas sociales. “En los términos en que se está señalando que podría ser este convenio, pues simplemente no es operante”, afirmó el funcionario.

El secretario argumentó que la propuesta de financiar el programa mediante aportaciones iguales de ambos órdenes de gobierno no se ajusta a la capacidad presupuestal de Chihuahua. Indicó que la Federación ha realizado recortes a las participaciones que recibe el estado, lo que dificulta asumir nuevas obligaciones financieras de tal magnitud. “Lo que se está pidiendo así de golpe sería prácticamente desaparecer la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común”, sostuvo.

Carrillo Castillo destacó que la dependencia ya cuenta con programas dirigidos a las personas con discapacidad, quienes son uno de los principales sectores beneficiarios de sus acciones. Este grupo poblacional representa el segundo con mayor atención dentro de la Secretaría, después de la niñez, especialmente en la primera infancia, que recibe apoyos a través de programas como las estancias infantiles.

El secretario consideró que aceptar el convenio bajo las condiciones actuales implicaría comprometer la continuidad de otras estrategias de asistencia social. Además, cuestionó la solicitud del Gobierno Federal de una aportación equivalente a la del Estado, argumentando que este último dispone de una menor cantidad de recursos económicos. “La forma en que se está proponiendo, que sea mitad y mitad, simplemente no tiene sentido en términos presupuestales”, manifestó.

Finalmente, Carrillo Castillo señaló que, si existiera una propuesta diferente y financieramente viable, se podría analizar la posibilidad de establecer un mecanismo de colaboración. Reiteró que el rechazo al convenio en sus términos actuales no implica que la administración estatal esté en contra de apoyar a las personas con discapacidad, sino que es necesario encontrar un esquema que permita atenderlas sin afectar otros programas sociales.