El coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla Mendoza, afirmó que corresponde a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades en el caso del exfiscal César Jáuregui Moreno, en respuesta a los señalamientos de traición dirigidos hacia la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Durante una entrevista, Bonilla Mendoza enfatizó que las investigaciones deben seguir los procedimientos legales establecidos y que los pronunciamientos políticos no deben reemplazar las decisiones de los tribunales. “A quien le toca juzgar el tema es a la justicia”, declaró.

El coordinador subrayó que es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado presentar las investigaciones ante las autoridades jurisdiccionales, y que posteriormente será el Poder Judicial quien determine la situación jurídica de los involucrados. “Se tiene que ser muy respetuoso, desde mi perspectiva, para que sea justamente el Poder Judicial quien determine la situación jurídica”, manifestó.

Bonilla Mendoza insistió en que cualquier procedimiento debe garantizar el respeto al Estado de derecho, la presunción de inocencia y los derechos humanos, independientemente de los señalamientos públicos existentes. Además, expresó su desacuerdo con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el proceso que enfrenta Jáuregui Moreno, argumentando que sus comentarios podrían influir en la percepción pública del caso.

Calificó la situación jurídica del exfiscal como una “aberración jurídica” y una “desproporción total”, y manifestó su confianza en que los tribunales actúen sin presiones externas. “Creo en la justicia, pero también creo en el Estado de derecho. Creo que nadie debe quedar indefenso ante el poder del Estado, creo en la presunción de inocencia”, afirmó.

Asimismo, Bonilla Mendoza cuestionó los señalamientos emitidos desde las conferencias matutinas de la Presidencia de la República contra Jáuregui, antes de que se concluyan los procedimientos judiciales. En este contexto, pidió que las autoridades jurisdiccionales no se dejen influir por las declaraciones de funcionarios públicos y que las resoluciones se basen únicamente en las pruebas presentadas durante el proceso.

Finalmente, el coordinador lanzó acusaciones contra el partido Morena, sugiriendo que algunos de sus integrantes podrían tener vínculos con grupos de la delincuencia organizada, aunque no presentó elementos que corroboraran dichas afirmaciones. Reiteró que la situación jurídica del exfiscal debe resolverse en los tribunales, asegurando que las autoridades deben garantizar el debido proceso, sin que las diferencias políticas influyan en las resoluciones judiciales.