Chihuahua
Más de 65 millones, afectación de Aras a víctimas
Durante la audiencia masiva que se realiza en contra de Aras Invesment Business Group se informó que derivado de las 300 carpetas a judicializar se contabilizó la sumas de 65 millones 580 mil pesos y 246 mil 799 dólares como afectación para los inversionistas de la casa inversora.
Esto después de que el Ministerio Público comenzó a imputar delitos en contra de los fundadores del negocio en mención, en donde se detalló cada uno de los montos depositados por los inversionistas.
Detallaron que fueron 65 millones 580 mil pesos y 246 mil 799 dólares, el total del las afectaciones solo de las 300 carpetas que se planea procesar en esta audiencia.
Fue dentro de la causa penal 2180/2022, que la mesa de la Fiscalía enlistó los nombres, contratos y montos siendo los mas altos los que ascienden a 4 millones 800 mil pesos y 51 mil dólares.
Destacaron también que los delitos a los que se imputa a los fundadores de Aras es por fraude, según el artículo 223 fracción cuarta, así como por asociación delictuosa ambos penados por el artículo 245 del código penal del estado.
Señalaron que se les asigna su participación como coautores cometiendo este delitos de manera dolosa.
Los imputados serían Óscar Gonzalo H. M., Sergio Armando G. C y Diana Ivonne C. P., socios de la empresa Aras Invesment Business Group.
Chihuahua
César Jáuregui será trasladado al penal del Altiplano por traición a la patria
Aunque un juez de Chihuahua le permitió enfrentar su proceso estatal en libertad, el exfiscal permanecerá detenido por una orden federal y será trasladado al Estado de México.
El exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para enfrentar una acusación federal por el presunto delito de traición a la patria.
La información fue confirmada por su abogado defensor durante una entrevista con N+ FORO, luego de concluir la audiencia celebrada este domingo 18 de octubre en Chihuahua.
Pese a que un juez estatal determinó que Jáuregui podía enfrentar en libertad su proceso por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, la orden de aprehensión emitida por una jueza federal impidió su liberación.
Una orden federal cambió su situación
De acuerdo con su defensa, la jueza responsable del procedimiento federal solicitó expresamente que Jáuregui fuera presentado en el penal del Altiplano para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.
Inicialmente existía la posibilidad de que permaneciera en Chihuahua y compareciera mediante mecanismos electrónicos. Sin embargo, un oficio presentado por agentes ministeriales estableció que debía ser trasladado e internado en el centro penitenciario federal.
El abogado reconoció que todavía no ha tenido acceso a las constancias de la investigación federal y que únicamente conoce el delito que se le atribuye.
El caso de los agentes estadounidenses
La acusación federal está relacionada con un operativo realizado en abril pasado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde presuntamente participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos sin la autorización correspondiente.
Tras aquella intervención se registró un accidente en el que murieron dos estadounidenses y dos integrantes de la Fiscalía de Chihuahua.
La Fiscalía General de la República sostiene que Jáuregui habría permitido la participación irregular de personal extranjero en actividades de seguridad reservadas a las autoridades mexicanas, hechos que considera posiblemente constitutivos de traición a la patria.
Dos procesos judiciales diferentes
En el procedimiento estatal, el juez impuso medidas cautelares como la presentación periódica, la entrega de documentos migratorios y la prohibición de acercarse a testigos.
Sin embargo, estas disposiciones no tienen efecto sobre la orden de aprehensión federal, por lo que el exfiscal continuará bajo custodia.
El siguiente paso será su presentación ante la autoridad judicial federal, donde deberá conocer formalmente los hechos específicos que le imputa la FGR y ejercer su derecho de defensa.
Hasta el momento, la información confirmada corresponde a la orden de traslado y no a su llegada efectiva al Altiplano. Tampoco se ha determinado su responsabilidad penal, por lo que conserva la presunción de inocencia.
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