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México

México exige a Israel liberar a connacionales detenidos en flotilla humanitaria hacia Gaza

El Gobierno de México confirmó que seis ciudadanos mexicanos, integrantes de la Flotilla Global Sumud que zarpó con ayuda humanitaria rumbo a la Franja de Gaza, fueron trasladados al puerto de Ashdod y posteriormente enviados al centro de detención de Ketziot, en el desierto del Negev, bajo custodia de las autoridades israelíes.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), otra mexicana que participaba en la embarcación destinada a brindar apoyo legal se separó del grupo principal y actualmente viaja hacia Chipre. Personal de la Embajada de México en Israel acudió al puerto de Ashdod para constatar la situación de los detenidos, exigir acceso consular y verificar que se respete su integridad física, además de sus derechos conforme a los principios del derecho internacional.

La Cancillería recordó que, hasta ahora, se han enviado cuatro notas diplomáticas a las autoridades israelíes y se han sostenido encuentros con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. México mantiene la exigencia de un trato digno y de garantías legales para sus connacionales. El objetivo, subrayó la dependencia, es obtener información clara sobre las causas de su detención y avanzar hacia su repatriación.

El Gobierno mexicano señaló que ha mantenido comunicación constante con los detenidos desde que zarpó la flotilla y con sus familias en México, a quienes ha garantizado seguimiento puntual. La SRE reiteró que la asistencia humanitaria no constituye delito alguno y, por el contrario, está contemplada en el derecho internacional como una obligación de los actores involucrados en conflictos armados.

La presidenta Claudia Sheinbaum se sumó este jueves al llamado, al exigir al Gobierno de Israel la liberación inmediata de los seis connacionales, quienes viajaban en la flotilla desde el 2 de septiembre. “No cometieron ningún delito”, recalcó.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí declaró que algunos de los activistas de la Global Sumud Flotilla se encuentran en buen estado de salud y están siendo trasladados de forma segura a territorio israelí, donde iniciarán procedimientos de deportación hacia Europa.

La Flotilla Global Sumud quedó prácticamente desarticulada tras la operación israelí: más del 90 por ciento de sus integrantes fueron arrestados —443 de un total de 500—. Solo el barco Summertime, destinado al apoyo legal, continúa navegando en el Mediterráneo.

La operación militar de la Armada israelí comenzó la tarde del miércoles y se extendió poco más de 12 horas. Durante ese lapso, se interceptaron más de 40 embarcaciones que pretendían romper el bloqueo a Gaza y entregar suministros humanitarios. Con ello, las fuerzas israelíes dieron por concluida la misión de la flotilla.

México

Sheinbaum presenta investigación sobre red de contratos electorales por 2 mil 740 millones

Sheinbaum presenta investigación sobre red de contratos electorales por 2 mil 740 millones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer una investigación realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que revela una presunta red de contrataciones electorales vinculada a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Según el informe, estas empresas habrían obtenido contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025.

Durante la conferencia matutina del 5 de noviembre, Sheinbaum destacó que los antecedentes de este grupo empresarial se remontan a más de 20 años, y que sus operaciones se fortalecieron durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello en el Instituto Nacional Electoral (INE), que abarcó de 2014 a 2023.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que la investigación se llevó a cabo mediante la revisión de fuentes abiertas, lo que permitió reconstruir las relaciones laborales, empresariales y políticas de los hermanos Hernández Casillas, así como su participación en contratos con organismos electorales estatales.

De acuerdo con los datos presentados, entre 2015 y 2023, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) otorgaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a empresas vinculadas a los hermanos. Posteriormente, entre 2024 y 2025, la misma estructura empresarial obtuvo otros 646.3 millones de pesos a través de contrataciones con 15 organismos electorales locales.

Los antecedentes de los hermanos se ubican entre 1983 y 1988, cuando trabajaron en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), bajo la Secretaría de Gobernación. Durante este periodo, José Alfredo Hernández Casillas fue secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, quien era el director general del organismo. En 1988, se constituyó la empresa Cartonera Plástica, relacionada con José Alfredo.

La investigación federal señala que en 1999 se registraron las primeras contrataciones electorales de Cartonera Plástica, que participó como proveedora en el Estado de México. En 2005, la empresa obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos con el Instituto Electoral del Estado de México, periodo en el que surgieron denuncias por irregularidades y sobornos.

Buenrostro Sánchez mencionó que entre 2012 y 2013, los hermanos ampliaron sus operaciones mediante diversas empresas y contratos con organismos electorales en varios estados. La reforma electoral de 2014 modificó el mecanismo de designación de consejeros de los organismos electorales locales, lo que permitió un incremento en las contrataciones de las empresas investigadas.

Sheinbaum también vinculó políticamente a los hermanos Hernández Casillas con integrantes de la organización SOMOS, que incluye a exfuncionarios del INE. La presidenta solicitó investigar las contrataciones realizadas durante distintas administraciones del INE, incluida la gestión de Guadalupe Taddei, y afirmó que cualquier responsabilidad debe ser determinada por las instancias competentes.

Además, anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, con el objetivo de mejorar la producción estatal de material electoral y transparentar las adquisiciones. Buenrostro Sánchez aclaró que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación revisar las posibles irregularidades en los contratos del INE y presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República cuando sea necesario.

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