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México margina indígenas hasta para explotar sus tierras: ONU

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El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e integrado por 18 expertos independientes elegidos por los países que han ratificado la convención en la materia, pidió a Mexico que consulte con los pueblos indígenas la explotación de sus tierras.

En una resolución publicada este martes en Ginebra, solicita a nuestro país se asegure que se están llevando a cabo consultas en cada etapa del proceso con las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales, con el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo e informado, particularmente en los casos de explotación minera.

El documento indica que el actual sistema en vigor en México no contempla la figura del consentimiento libre, previo e informado, y agrega las crecientes tensiones entre actores externos y pueblos indígenas asociados a la explotación de recursos naturales.

El dictamen manifiesta supreocupación ante informaciones de conflictos sobre tierras históricamente propiedad de los pueblos indígenas, y porque, en la práctica, el derecho de las comunidades a ser consultadas antes de que se proceda a la explotación de los recursos naturales en sus territorios, no se respeta plenamente.

De este modo, México parece sumarse a situaciones conflictivas que actualmente se están viviendo en Argentina, Perú, Brasil y Ecuador, generando la protesta de poblaciones indígenas ante nuevos proyectos de desarrollo que desconocerían exigencias para preservar el medio ambiente, o que violarían los derechos de las etnias, establecidos por normas de la ONU.

La Organización de las Naciones Unidas demanda a México que generediferentes espacios de interlocución con los pueblos indígenas, para garantizar acuerdos concretos, viables y verificables, que sean efectivamente implementados, incluyendo métodos alternos de resolución de conflictos, respetandolos estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.

El comité del organismo internacional advierte que en los casos excepcionales en que se considere necesario el traslado y el reasentamiento de las comunidadespara realizar proyectos de desarrollo, se respeten los estándares internacionales.

En cuanto a la educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación de los indígenas en México, la ONU se inquieta debido a que 93.9 por ciento de los mismos está privado al menos de uno de estos derechos y 64 al menos de tres, y subraya que las cifras más elevadas de mortalidad materna e infantil se dan precisamente en esa población.

El comité revela las dificultades de acceso a la justicia de miembros de las etnias, y el alarmante número de denuncias por presuntas irregularidades en varios casos, por la cantidad de ellos en el sistema carcelario.

La ONU pide garantías a México para que los indígenas cuenten condefensores de oficio y funcionarios bilingües de justicia, así como con servicios de interpretación culturalmente apropiados durante los procesos en los tribunales.

Al propio tiempo, pide cuentas a nuestro país sobre los trabajadores migrantes o en tránsito procedentes de Centroamérica, que son vulnerables al secuestro, tortura y asesinato, principalmente las mujeres.

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México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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