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México margina indígenas hasta para explotar sus tierras: ONU

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e integrado por 18 expertos independientes elegidos por los países que han ratificado la convención en la materia, pidió a Mexico que consulte con los pueblos indígenas la explotación de sus tierras.

En una resolución publicada este martes en Ginebra, solicita a nuestro país se asegure que se están llevando a cabo consultas en cada etapa del proceso con las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales, con el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo e informado, particularmente en los casos de explotación minera.

El documento indica que el actual sistema en vigor en México no contempla la figura del consentimiento libre, previo e informado, y agrega las crecientes tensiones entre actores externos y pueblos indígenas asociados a la explotación de recursos naturales.

El dictamen manifiesta supreocupación ante informaciones de conflictos sobre tierras históricamente propiedad de los pueblos indígenas, y porque, en la práctica, el derecho de las comunidades a ser consultadas antes de que se proceda a la explotación de los recursos naturales en sus territorios, no se respeta plenamente.

De este modo, México parece sumarse a situaciones conflictivas que actualmente se están viviendo en Argentina, Perú, Brasil y Ecuador, generando la protesta de poblaciones indígenas ante nuevos proyectos de desarrollo que desconocerían exigencias para preservar el medio ambiente, o que violarían los derechos de las etnias, establecidos por normas de la ONU.

La Organización de las Naciones Unidas demanda a México que generediferentes espacios de interlocución con los pueblos indígenas, para garantizar acuerdos concretos, viables y verificables, que sean efectivamente implementados, incluyendo métodos alternos de resolución de conflictos, respetandolos estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.

El comité del organismo internacional advierte que en los casos excepcionales en que se considere necesario el traslado y el reasentamiento de las comunidadespara realizar proyectos de desarrollo, se respeten los estándares internacionales.

En cuanto a la educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación de los indígenas en México, la ONU se inquieta debido a que 93.9 por ciento de los mismos está privado al menos de uno de estos derechos y 64 al menos de tres, y subraya que las cifras más elevadas de mortalidad materna e infantil se dan precisamente en esa población.

El comité revela las dificultades de acceso a la justicia de miembros de las etnias, y el alarmante número de denuncias por presuntas irregularidades en varios casos, por la cantidad de ellos en el sistema carcelario.

La ONU pide garantías a México para que los indígenas cuenten condefensores de oficio y funcionarios bilingües de justicia, así como con servicios de interpretación culturalmente apropiados durante los procesos en los tribunales.

Al propio tiempo, pide cuentas a nuestro país sobre los trabajadores migrantes o en tránsito procedentes de Centroamérica, que son vulnerables al secuestro, tortura y asesinato, principalmente las mujeres.

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México

PAN propone blindar a periodistas contra censura y acusaciones de calumnia electoral

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para proteger el trabajo periodístico y garantizar la libertad de expresión, ante recientes acciones del Instituto Nacional Electoral (INE) que han generado polémica por requerir a periodistas revelar sus fuentes y por sancionar publicaciones críticas sobre el proceso electoral judicial.

El diputado panista Federico Döring propuso reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de que las investigaciones o publicaciones de periodistas no puedan ser consideradas como calumnia electoral, salvo que se demuestre que actuaron en complicidad con actores políticos.

Esta iniciativa surge luego de que el INE solicitó a periodistas y ciudadanos —como Laisha Wilkins— que explicaran el origen de publicaciones sobre presuntas irregularidades en la elección de jueces, incluyendo el uso de “acordeones” para promover a candidatos vinculados a Morena. También se han iniciado procedimientos contra ciudadanos como Karla Estrella por presunta violencia política de género, a raíz de un tuit que cuestionaba la candidatura de una mujer supuestamente impulsada por su esposo diputado.

“Se debe garantizar el derecho a la información de todas las personas y evitar la censura previa”, advirtió Döring, quien también propuso que, cuando se trate de periodistas, las autoridades deban ponderar el derecho constitucional a la libertad de prensa antes de imponer sanciones.

La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados y se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre. Organizaciones como Artículo 19 han alertado que la censura indirecta es una amenaza creciente para el periodismo en México.

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