Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que existan fundamentos para que el Gobierno de Estados Unidos imponga restricciones a las aerolíneas mexicanas, particularmente en torno a la colaboración entre Aeroméxico y Delta. Durante su conferencia matutina, aseguró que hasta el momento su administración no ha recibido ninguna notificación formal al respecto.
Las tensiones surgieron luego de que el Departamento de Transporte estadounidense acusara a México de incumplir un acuerdo bilateral desde 2022, cuando se obligó a las aerolíneas de carga a trasladar sus operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La medida fue tomada para descongestionar el principal aeropuerto del país, pero fue considerada por Washington como una alteración que generó altos costos a empresas estadounidenses.
Según las autoridades de Estados Unidos, estas restricciones habrían afectado el mercado de manera significativa, al modificar los horarios de aterrizaje (slots) y causar pérdidas millonarias. En consecuencia, se ha planteado la posibilidad de revocar la inmunidad antimonopolio que ampara la alianza Delta-Aeroméxico, lo que impactaría de forma directa en uno de los acuerdos más sólidos en materia de aviación entre ambos países.
Ante este escenario, Sheinbaum recordó que el cambio de sede para las operaciones de carga fue una decisión tomada en la administración anterior, basándose en criterios técnicos y en un intento por mejorar la logística aérea. Aseguró que la mayoría de las empresas aceptaron la reubicación, aunque reconoció que algunas consideraron corto el plazo otorgado para el ajuste.
Más de un año después de la transición, dijo la mandataria, las empresas ya se han adaptado y el nuevo esquema ha resultado benéfico para todos los involucrados. Además, subrayó que el objetivo principal siempre fue garantizar la seguridad operativa y que el AIFA continúa consolidándose como una infraestructura eficiente y funcional, gracias al fortalecimiento de aduanas y recintos fiscales.
En conclusión, Sheinbaum sostuvo que no existe razón válida para sancionar a México por una medida adoptada con base en estudios técnicos y en beneficio del sistema aeroportuario nacional.
