La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), publicó este viernes dos nuevas normas oficiales de emergencia para reforzar la seguridad del transporte y la distribución de gas licuado (gas LP), luego de la explosión de una pipa de gas el pasado 10 de septiembre en Puebla, que hasta el momento ha dejado 31 muertos y decenas de heridos.

Las normas, denominadas NOM-EM-006-ASEA-2025 para el transporte y NOM-EM-007-ASEA-2025 para la distribución, buscan reducir riesgos a la población y proteger al medioambiente. Entre los cambios más relevantes se encuentra la obligación de presentar anualmente un dictamen de operación y mantenimiento de las unidades de transporte y distribución, lo que permitirá asegurar su correcto funcionamiento. También se establece la realización de pruebas e inspecciones periódicas al recipiente de las unidades, tales como inspecciones internas y pruebas hidrostáticas, con el fin de detectar oportunamente grietas, orificios o defectos estructurales que puedan generar fugas o fallas.

Otro punto central es la profesionalización de los conductores, quienes deberán acreditar una capacitación teórico-práctica mediante un estándar de competencia avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Además, todas las unidades deberán incorporar dispositivos de control de velocidad y sistemas de geolocalización satelital (GPS) que transmitan información en línea con la regulación de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Estas medidas permitirán fortalecer el monitoreo y control de las operaciones en tiempo real.

El cumplimiento será gradual: las unidades de transporte, así como las de distribución con capacidad mayor a 5 mil litros y antigüedad igual o mayor a 10 años, tendrán un plazo de cuatro meses a partir de la entrada en vigor de las normas; el resto de las unidades de distribución deberán cumplir a lo largo de 2026 durante la vigencia de la NOM-EM-007-ASEA-2025.

La implementación de estas medidas tendrá un impacto mínimo en los costos de operación, estimado en un incremento de apenas 0.2% en el precio final al consumidor.

Con estas acciones, el gobierno mexicano busca evitar tragedias como la ocurrida en Puebla y garantizar la seguridad en el transporte y distribución de materiales peligrosos en el país.