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México

México retrocede en seguridad pública.

México ha dado un paso atrás al avanzar en la militarización de la seguridad pública y alejarse de un enfoque basado en derechos humanos, denunciaron al unísono el viernes la ONU y otras entidades nacionales e internacionales, mientras en México los críticos con esta medida preparan recursos para combatirla en los tribunales.

Las organizaciones coincidieron en lamentar los cambios legales aprobados por el Senado durante la madrugada que dejan a la Guardia Nacional bajo mando militar a pesar de que ese cuerpo creado en 2019 se puso en marcha, precisamente, para tener una renovada fuerza civil que permitiera que los militares fueran poco a poco dejando las labores policiales y regresaran a los cuarteles.

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Pero tres años después, la Guardia, que ya estaba integrada en un 80% por miembros del ejército y la marina, queda ahora controlada operativa y administrativamente por el Secretario de la Defensa, algo que la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, calificó como un “retroceso en seguridad pública” que implica dejar a México sin una fuerza policial civil nacional con la cual enfrentar la persistente violencia.

Distintas entidades llevan más de una década alertando de los peligros de la militarización de las labores policiales con el argumento de que las fuerzas armadas no están entrenadas para esos fines y no tienen sistemas de rendición de cuentas adecuados en casos de abusos, por lo que si comenten algún crimen suele imperar la impunidad, según los críticos.

Sin embargo, el gobierno actual ha decidido mantener a los militares en esas tareas, tanto con la ley que quedó definitivamente aprobada el viernes como con su intención de prolongar la labor de las fuerzas armadas en seguridad pública más allá de 2024, como establece la Constitución ahora.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el visto bueno del Congreso a su plan pero advirtió que “la Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada ‘Policía Federal Preventiva’ que se pudrió”.

La Policía Federal fue disuelta en 2019 al ser considerada muy corrupta. Algunos de sus elementos se integraron a la Guardia Nacional.

Con las nuevas leyes, este cuerpo, además de depender del jefe del ejército, tendrá más atribuciones de investigación e inteligencia y estará cobijado bajo la justicia militar.

Tanto organizaciones civiles como miembros de los partidos de oposición ya han anunciado que recurrirán a las leyes ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucionales ya que la Carta Magna mexicana se reformó en 2019 precisamente para garantizar el carácter civil de la guardia.

México

Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.

Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.

Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.

La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.

“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.

Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.

“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.

Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.

“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.

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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.

Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.

Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.

Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.

La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.

La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.

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