Política

Morena busca mantener alianza con PT y PVEM para elecciones de 2027

En el contexto del VIII Consejo Nacional Ordinario de Morena, celebrado el 11 de octubre de 2026, se aprobó la política de alianzas para las elecciones de 2027 con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM). Esta estrategia contempla la posibilidad de alianzas parciales en algunos estados o la presentación de candidatos comunes, aunque sin que aparezcan como coalición en la boleta electoral.

Durante la sesión, los más de 300 integrantes del consejo instaron a sus aliados a mantener la colaboración electoral de cara a los comicios programados para el 6 de junio de 2027. La política de alianzas, presentada por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, busca fomentar la construcción de coaliciones y candidaturas conjuntas con partidos que compartan la visión de la Cuarta Transformación.

El resolutivo, aprobado por mayoría, establece que se podrán formalizar convenios de colaboración siempre que se respeten las normas estatutarias de Morena, evitando cualquier tipo de subordinación o alianza con representantes del régimen neoliberal y sus partidos.

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, hizo un llamado a PT y PVEM para participar en un diálogo abierto que permita resolver diferencias y fortalecer la alianza. No obstante, enfatizó que Morena no tiene intención de perder elecciones en aquellos estados donde sus aliados decidan competir de manera independiente.

Durazo subrayó la importancia de enfocarse en lo constructivo y de cancelar cualquier acción o palabra que pueda debilitar los lazos entre los partidos aliados. En este sentido, la semana pasada, el PT anunció al senador Raúl Morón como su candidato para Michoacán, sin una alianza con Morena. Por su parte, el senador del Verde por Colima, Virgilio Mendoza, instó a los partidos PAN, PRI y MC a formar una alianza en ese estado para enfrentar a la candidata de Morena, Rosa María Bayardo.

Política

La red Taddei opera en 17 estados con contratos por 1,803 millones de pesos

La red de empresas vinculadas a Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ha extendido sus operaciones a al menos 17 estados de la República Mexicana, acumulando contratos por un total de mil 803 millones 80 mil pesos. Estas empresas están acusadas de presunta simulación de competencia y conflictos de interés, y han proporcionado materiales y documentación electoral a diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Las investigaciones sobre los contratos y relaciones comerciales de estas empresas están siendo llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Órgano Interno de Control (OIC) del INE. Entre las empresas implicadas se encuentra Formas Finas y Materiales, especializada en el suministro de papelería electoral, urnas, mamparas de votación y útiles de casilla. Esta empresa ha obtenido al menos 15 contratos adjudicados en 11 OPLE estatales, por un monto que supera los 540 millones de pesos.

Los documentos de fiscalización revisados ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revelan que Formas Finas y Materiales tiene contratos con varios institutos locales, incluyendo el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), donde se le adjudicaron contratos para el suministro de papelería, materiales de casilla y documentación electoral. Asimismo, la empresa ha sido contratada por el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE Aguascalientes), donde se estima que la contratación asciende a aproximadamente 17 millones de pesos durante el proceso electoral de 2024.

Adicionalmente, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) también ha contratado a Formas Finas y Materiales para la producción e instalación de documentación y material de casilla. Esta misma empresa brinda servicios al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), anteriormente conocido como la Comisión Estatal Electoral (CEE), con adjudicaciones de útiles electorales y materiales de votación. La situación plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la integridad de los procesos electorales en el país.