El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dio inicio este jueves a la campaña electoral de su partido Likud, de cara a las elecciones legislativas programadas para finales de octubre. En su discurso, Netanyahu se centró en los desafíos de seguridad que enfrenta el país, enfatizando que su gobierno es el único capaz de garantizar la seguridad de Israel.

Este lanzamiento de campaña se produce en un contexto de críticas hacia Netanyahu por el manejo de la seguridad nacional, especialmente tras el ataque del 7 de octubre de 2023, perpetrado por el grupo palestino Hamás, el cual fue el más mortífero en la historia de Israel y que desató una guerra en Gaza. En respuesta a estas críticas, Netanyahu enumeró las operaciones militares israelíes realizadas en Irán, Líbano, Siria y la Franja de Gaza desde 2023, reafirmando su postura de que su administración ha tomado medidas decisivas para proteger al país.

Durante su discurso, Netanyahu también acusó a sus rivales políticos de querer hacer “concesiones territoriales”, afirmando que su gobierno ha tomado territorio en lugar de cederlo, en referencia a las tropas israelíes desplegadas en Líbano, Siria y Gaza. Esta declaración refleja la postura del actual gobierno, considerado el más derechista en la historia de Israel, que ha intensificado la colonización en Cisjordania ocupada, a pesar de que estos asentamientos son considerados ilegales bajo el derecho internacional.

Las elecciones legislativas están programadas para el 27 de octubre, y las encuestas de opinión sugieren que la contienda será reñida. Netanyahu y su bloque, que incluye a aliados de la extrema derecha y partidos ultraortodoxos, se enfrentarán al principal rival, el centrista Gadi Eisenkot, quien cuenta con el apoyo de partidos tanto de derecha como de izquierda.

En otro contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Israel declaró ilegal la práctica mediante la cual delegados de partidos políticos registran qué votantes ejercen su derecho al voto el día de las elecciones. Esta decisión fue unánime y prohibió el uso de dichos datos, revocando una decisión anterior de la Comisión Electoral Central, lo que podría tener implicaciones en el proceso electoral.