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Política

Ninguna escuela cerró sus puertas en Nuevo León, afirma ‘El Bronco’

En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, habló del caso del exgobernador, Rodrigo Medina.

En un primer juicio, ha sido vinculado al delito, tiene cita para septiembre, no puede salir del país; está él y cuatro funcionarios más de su gobierno en un primer caso”, dijo.

Señaló que la actual administración se encargará de probar la culpabilidad de Medina de la Cruz, por malos manejos de recursos del estado durante su administración.

Tenemos que demostrar el dicho nuestro, que e que hubo una malversación de fondos importante que se comprometió el patrimonio de los neoloneses de una manera no legal y eso es lo que nosotros estamos argumentando y, además, tenemos las pruebas de ello”, explicó.

Rodríguez Calderón reiteró que el Congreso local no debe tener la Auditoría Superior del estado, para que no se use con fines políticos.

El Congreso hace un dictamen de rechazo a cuantas públicas y luego el Pleno las aprueba en contrario al dictamen; el ciudadano se enoja, se molesta, se encabrona… yo creo que la Auditoria Superior no debe ser parte del Congreso… que la auditoria superior sea un ente autónomo, sin influencias ni del gobierno ni del Congreso”, detalló.

En el tema de las acciones que mantiene el magisterio disidente en la entidad, “El Bronco” sostuvo que mantiene un acercamiento muy estrecho con líderes de la CNTE para escuchar sus demandas y encontrar una pronta solución al conflicto.

No hay ninguna escuela cerrada. Cada semana hablo con los líderes de la CNTE y estamos cercanos al SNTE para saber qué les hace falta a los maestros, como están; hace falta que el gobierno escuche, si escuchamos encontraremos soluciones más rápidas y evitamos conflictos”, aseguró.

Respecto a la posibilidad para contender en 2018, dijo que primero debe atender los “asuntos de casa”, como devolverle a los neoloneses la confianza y la tranquilidad.

La circunstancia del 2018 se va a dar si así están las condiciones, si no, pues no se da; no estoy trabajando para eso, creo que Nuevo León merece respeto en ese sentido, la gente del estado necesita resultados”.

El tema de la corrupción es un tema que le pega al país también; quien no colabora contra la corrupción, está siendo parte de ella […] Todavía hay muchas cosas que se deben hacer en el estado. Como mi mamá me dice: apresúrale porque el gobierno se acaba”, finalizó.

Excelsior

Política

PAN prepara nueva iniciativa electoral tras resolución de la SCJN

PAN prepara nueva iniciativa electoral tras resolución de la SCJN

Alfredo Chávez Madrid aseguró que el Congreso de Chihuahua acatará el fallo, pero buscará conservar medidas contra la injerencia del crimen organizado y atender los señalamientos sobre nepotismo e intervención extranjera

Chihuahua .- Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma electoral de Chihuahua, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, anunció que la bancada presentaría ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una nueva iniciativa para adecuar la legislación a los criterios establecidos por el máximo tribunal.

El legislador afirmó que, aunque el PAN mantiene una postura crítica respecto a algunos aspectos del fallo, respetará la determinación judicial y realizará las modificaciones correspondientes dentro del plazo establecido. “Como siempre hemos sido demócratas y creemos en el Estado de derecho, vamos a acatar la sentencia de la Corte. La Corte nos ha obligado a legislar y lo vamos a hacer en tiempo y forma”, declaró.

Entre los ajustes contemplados se encuentran disposiciones relacionadas con la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral, así como las adecuaciones necesarias en materia de nepotismo electoral. De acuerdo con Chávez Madrid, la propuesta buscará mantener mecanismos destinados a evitar que organizaciones criminales tengan influencia en partidos políticos, candidaturas o procesos electorales, aunque bajo los parámetros fijados por la SCJN.

La Corte invalidó, entre otros puntos, disposiciones que permitían establecer consecuencias electorales a aspirantes, precandidatos o candidatos por actos ilícitos cometidos por terceras personas cuando no se acreditara responsabilidad propia. El criterio se sustentó en principios como culpabilidad, presunción de inocencia y legalidad, mientras que se mantuvieron las sanciones cuando las conductas sean realizadas directamente por la persona candidata o aspirante.

Chávez Madrid cuestionó particularmente esta parte de la resolución, al considerar que limita uno de los componentes centrales de la reforma aprobada en Chihuahua. Desde su perspectiva, la intervención de grupos delictivos en una elección podría darse mediante financiamiento, imposición de candidaturas, participación durante los comicios o acuerdos posteriores con autoridades electas, por lo que sostuvo que el Congreso debe conservar herramientas para enfrentar esos escenarios.

El coordinador panista también criticó a Morena por haber impugnado ante la Suprema Corte algunas de las disposiciones de la reforma. Durante su posicionamiento, afirmó que dicha impugnación demuestra, desde su perspectiva, una defensa de los intereses del crimen organizado en Chihuahua. Ese señalamiento corresponde a la postura política expresada por el legislador y no constituye una conclusión de la SCJN.

Pese a sus cuestionamientos, el diputado reiteró que la bancada panista cumplirá con la resolución y presentará una propuesta ajustada al marco constitucional. “Esta legislación, compañeros, compañeras, no es del PAN, no es para el PAN”, sostuvo, al insistir en que las medidas deben aplicarse a cualquier fuerza política o candidatura cuando se actualicen los supuestos previstos por la ley.

Con la nueva iniciativa, el Congreso de Chihuahua buscará armonizar la legislación electoral con los criterios establecidos por la Suprema Corte, mientras el PAN pretende conservar disposiciones orientadas a impedir la intervención de organizaciones criminales en los procesos electorales, pero dentro de los límites constitucionales determinados por el máximo tribunal.

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