Varios usuarios de la red social Twitter han alertado que los familiares de Daniel Stiven estarían recibiendo amenazas tras hacer la denuncia contra la Policía de Cali.
Dos versiones se confrontan nuevamente en Colombia tras el brutal asesinato de un menor de edad durante la violenta jornada de protestas del pasado viernes en Cali, que dejó 13 fallecidos y decenas de heridos en la capital del Valle del Cauca, cuando se cumplió un mes de las movilizaciones en el país.
El cuerpo calcinado de Daniel Stiven Sánchez, de 16 años, fue hallado en una tienda de Dollar City, en el municipio caleño de Siloé, la madrugada del 29 de mayo. El homicidio, que sus familiares atribuyen a la Policía, según los testimonios que han recabado, ocurrió el día que ha sido catalogado por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como «doloroso«, «fatídico« y que «ha significado muerte«.
La Policía Metropolitana de Cali salió al paso a la versión de los parientes de Sánchez, negó que sus efectivos tuvieran responsabilidad en la muerte del adolescente y se refirió a la quema del negocio, donde fue hallado Sánchez, por parte de «delincuentes». Tanto las autoridades como los familiares esperan el dictamen de Medicina Legal.
Esta no es la primera vez, desde que comenzaron las manifestaciones antigubernamentales, que se denuncia la presunta participación de los cuerpos de seguridad en violaciones de los derechos humanos contra manifestantes o personas ajenas a los actos de calle. Las autoridades han negado su responsabilidad y han atribuido los actos de violencia a agentes externos a la protesta.
¿Qué pasó?
En un documental de poco más de nueve minutos, el productor audiovisual colombiano Alejandro Palencia recogió la reconstrucción de los hechos sobre la muerte de Daniel Stiven, de las voces de la madre y sus dos hermanas. Las tres mujeres, en medio de la conmoción por este homicidio, piden que se haga justicia.
La primera en hablar es María Paula Sánchez, una de sus hermanas. Ella cuenta que el joven regresaba del trabajo en compañía de otras personas cuando se topó con una tanqueta de la Policía Metropolitana de Cali. Al verla, quedó paralizado por el miedo y solo alcanzó a levantar las manos para decir que no tenía que ver con la protesta.
A partir de ese momento, según le relataron testigos a la familia, hubo varias agresiones contra el joven, presuntamente cometidas por los policías que lo habrían golpeado, disparado varias veces y que supuestamente se lo llevaron arrastras mientras pedía ayuda.
«Él decía que era menor de edad y los testigos gritaban: ‘cogieron a un niño, lo llevan hacia el Dollar City, lo están golpeando, no nos lo quieren entregar'», refiere.
Los golpes no cesaron, según su hermana. Incluso un paramédico que iba a auxiliar al menor de edad habría sido repelido a tiros por los uniformados.
«Él pide que lo ayuden, que no lo dejen morir. En ese momento lo montan en la tanqueta y se lo llevan. Esta es la parte que no entendemos: ¿Por qué terminó quemado en el Dollar City?«, se pregunta la pariente.
A pesar de estas afirmaciones, el recién nombrado comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Juan Carlos León Montes, negó en un video institucional que la tanqueta hubiera sido movilizada esa noche.
Los hallazgos
«Mi hermano tiene impactos de bala en su cuerpo y aún no tenemos el dictamen, pero el forense nos dijo que tiene índices de tortura«, dice María Paula. La Policía niega esta versión.
Su otra hermana, Yurany Sánchez, manifiesta sentirse «destrozada» porque «lo mataron con sevicia». «No les bastó con asesinarlo sino que lo destruyeron, lo quemaron». Ambas afirman que el joven fue asesinado antes de que su cuerpo fuera alcanzado por las llamas en el incendio dentro del almacén. Las autoridades tampoco coinciden con esta versión.
María Sánchez, su madre, cuenta que le tenía prohibido ir a las manifestaciones ante el temor de que le ocurriera algo. «Los de la primera línea [vanguardia en las movilizaciones] le confirmaron a mi hija que jamás lo habían visto allá», dice.
Para Yurany, que desmiente la versión policial sobre la participación del menor en actos de vandalismo, «el objetivo de incriminar a los jóvenes es quitarle valor a la verdad».
¿Qué dice la Policía?
En una serie de trinos, la Policía Metropolitana afirma que la noche del 28 de mayo hubo «actos vandálicos» contra la estación policial El Lido, y que a las afueras se encontraban miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y una tanqueta.
En sus tuits, el organismo niega que el adolescente hubiera sido ingresado al vehículo, «teniendo en cuenta que el rodante no fue movilizado», y asegura que la comisaría no prestaba atención al público debido a que un local cercano fue saqueado e incendiado.
Según la versión oficial, los Bomberos encontraron el cadáver, que fue llevado al Hospital de Siloé, donde la Policía Judicial realizó la «inspección técnica» que mostró que «no presentaba heridas por armas de fuego, ni heridas por arma blanca«.
Aunque se espera el dictamen de Medicina Legal, la Policía dijo que tras «las investigaciones adelantadas se puede determinar que los hechos se habrían registrado en el interior de un establecimiento comercial», tras una «conflagración» causada por «delincuentes» que habrían saqueado y prendido fuego al lugar.
El Ministerio Público designó a un fiscal, según adelantó el organismo policial.
Amenazas
El impacto de esta nueva muerte en Colombia, donde ya han ocurrido 71 homicidios presuntamente cometidos por la Fuerza Pública en el marco de las protestas, según el registro de Indepaz, se ha volcado a las redes.
