Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, aseguró que las investigaciones por posibles actos de corrupción dentro de la dependencia son continuas y no dependen de la presentación de denuncias. Esta declaración se produjo tras los señalamientos de un exagente del Ministerio Público que acusó a fiscales de distrito y altos mandos de la institución de irregularidades.

El exfuncionario, cuyo testimonio circula en un documento con membrete de la FGE, alega haber trabajado en la Unidad de Operaciones Estratégicas de Chihuahua y menciona la existencia de una presunta red de corrupción y extorsión en el interior de la Fiscalía. En su declaración, se hace referencia al exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, así como a Guillermo Arturo Zuany Portillo y Gabriela Márquez Blanco, a quienes se les atribuyen instrucciones para investigar a personajes políticos.

Según el testimonio, el personal de la unidad habría llevado a cabo investigaciones sobre políticos, en su mayoría del partido Morena, y la información obtenida sería utilizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para realizar actos de extorsión. Además, el documento menciona a Carlos Manuel Salas, Adalberto Oros Salido y Juan Carlos Portillo Coronado, quienes estarían relacionados con supuestas irregularidades dentro de la institución.

Entre los señalamientos también se incluye una presunta manipulación de pruebas en el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, que derivó en investigaciones contra el exfiscal César Jáuregui Moreno. El declarante sostiene que existe una estructura de cobros indebidos en diversas áreas de la Fiscalía, donde se solicitaría dinero a cambio de liberar vehículos, no ejecutar órdenes de aprehensión, modificar clasificaciones de delitos o intervenir de manera irregular en procedimientos judiciales.

Asimismo, se mencionan prácticas de corrupción en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, especialmente en casos de violencia familiar. Sin embargo, es importante destacar que estos señalamientos provienen exclusivamente del contenido de la declaración y no constituyen hechos comprobados. La autenticidad del documento y la existencia de una investigación formal contra las personas mencionadas no han podido ser verificadas de manera independiente.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones y la posibilidad de sanciones para los funcionarios implicados, Loya Chávez reiteró que las revisiones por posibles actos de corrupción son parte del trabajo constante de la Fiscalía. “Investigaciones hay permanentes, no es un tema de esperar una denuncia”, afirmó. Sin embargo, no confirmó si existe una carpeta de investigación específica relacionada con la declaración ni si alguno de los funcionarios enfrenta procedimientos administrativos o penales. Tampoco se anunciaron sanciones o separaciones del cargo para el personal señalado.